Cuando los pacientes acuden al médico o a un centro de salud, su atención solo es posible en la medida que ambos cuenten con dispositivos médicos para realizar la consulta o buscar una solución a una determinada patología, pudiendo entonces diagnosticar, curar y sanar al paciente que solicitó una atención de salud.

Estos dispositivos son tan importantes, que un médico o un profesional de la salud no podría ejercer su profesión si no dispusiera de ellos. A ese nivel es su función estratégica, aunque para la mayoría de la población pasa desapercibido.

En Chile se comercializan cerca de 2 millones de dispositivos médicos, que van desde un parche curita hasta equipos de alta complejidad, como camas criticas UCI, o equipos de diagnósticos en general y resonancia magnética. Todos ellos, a diferente escala, son esenciales para atender a los usuarios y pacientes de la red de salud del país a nivel público y privado.

En Chile, cerca del 75% de los dispositivos médicos disponibles, los adquiere el Estado, los que se destinan a la salud pública, donde se atiende más del 80% de la población, entre ellos, las personas más vulnerables. Sin embargo, pese a la enorme relevancia que tienen estas tecnologías, la gran mayoría de las personas desconoce la escasa regulación de estos productos en el país. Esta situación representa un enorme desafío, considerando que el precario marco regulatorio actual impide que exista un mayor control y fiscalización respecto de la certificación y calidad de los productos de este tipo que se comercializan a nivel nacional.

Es un tema que como APIS A.G. venimos impulsando hace mucho tiempo, y que es parte de nuestras políticas de responsabilidad empresarial, ética y transparencia que promovemos como gremio en este rubro y entre nuestros asociados.

Acciones

Se tramita actualmente en el Congreso la denominada Ley de Fármacos 2, iniciativa que ha tenido una larga y postergada tramitación, que se encuentra entrampada, y dentro de la cual se incorpora un capítulo para la regulación de los dispositivos médicos. Como representantes de este sector, en su mayoría conformado por empresas de menor tamaño, consideramos que el rubro es tan estratégico, que debiese tener una normativa propia, que no esté relacionada con el mundo de los fármacos, porque son industrias completamente distintas.

En esa línea, hemos estado trabajando en los últimos años, reuniéndonos con las autoridades de salud y con parlamentarios de distinta sensibilidad política, para que se tome conciencia de la importancia de los dispositivos médicos y se impulse un proyecto de ley exclusivo para el sector, sin que hasta ahora haya habido avances en esta materia. No obstante, seguiremos promoviendo esta propuesta hasta que se logre concretar, ya que es fundamental para la sostenibilidad de esta industria modernizar la legislación vigente que regula los dispositivos médicos y garantizar la seguridad de quienes se atienden en el sistema de salud.

Otro aspecto en el que hemos estado trabajando, es en lograr que el Gobierno incorpore a los municipios en el proyecto de ley que perfecciona el pago a 30 días. Esta es una prioridad para nuestro sector, considerando que hoy los gobiernos locales presentan un creciente aumento en el incumplimiento de pagos a los proveedores de la salud, con retrasos que sobrepasan el plazo razonable, afectando la estabilidad financiera de muchas empresas del rubro. El problema se origina porque como no están obligados por ley a pagar en un plazo determinado, los recursos destinados al pago a proveedores de la salud, por lo general, son utilizados para gasto corriente en otras áreas, provocando un perjuicio enorme a nuestro sector.

Problema que se agrava ya que el Estado central también registra graves retrasos en los pagos, situación que supera con creces los 100 días, con las deudas que mantienen muchos servicios de salud con los proveedores de dispositivos médicos, y que no tiene horizonte cercano de solución. Es más, el Gobierno deshabilitó hace más de un año la plataforma de pago automático que se implementó en el gobierno anterior, cuyo sistema había permitido que el pago a proveedores no superara los 40 días. La única explicación plausible para que no se haya habilitado la plataforma es que el Estado no cuenta con fondos para pagar las deudas que se acumulan.

Todos estos factores, incluida la crisis de las isapres, que ha afectado los compromisos de pago de los centros de salud privados, más una economía que no crece y el retraso en la ejecución y entrega de los nuevos hospitales comprometidos, han provocado que la demanda en el rubro de los dispositivos médicos haya caído abruptamente un 30%.

Estamos ante un problema estructural del sistema de salud en Chile, del cual, ni el Gobierno ni el Congreso se están haciendo cargo, al que no le otorgan prioridad, y que finalmente, de no resolverse, terminará afectando de manera grave a los usuarios y pacientes que se atienden en él. Nuestro llamado como APIS A.G., es a retomar la alianza público-privada para resolver los temas pendientes, que permitan ofrecer una atención de salud digna y de calidad a todos los ciudadanos.

Eduardo del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS A.G.).