Entre expertos plantean cuestionamientos a la comparabilidad de los resultados, dado que, aunque se intentó dar continuidad a los parámetros de al menos dos preguntas —sobre inseguridad y victimización—, existen modificaciones de los sectores encuestados y en las fechas en que se aplicó la herramienta.


La percepción de inseguridad que marcó el análisis sigue siendo la segunda más alta de la serie:


Un violento asalto sufrió la madrugada de ayer un grupo de adultos mayores en su casa de La Florida. Una de las víctimas, de unos 80 años, fue golpeada en la cabeza, mientras que otra, quien se recuperaba de una operación, fue arrojada al piso y agredida. Era uno de los ya frecuentes “turbazos”, sumándose a los recientes de Maipú, Quinta Normal y otras comunas de la capital.


El caso da cuenta de la crisis de seguridad que atraviesa el país que, además de los robos violentos, tiene un cada vez más arraigado componente de crimen organizado. Por ello, cobran especial relevancia los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), correspondiente a 2023, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dada a conocer ayer por el Gobierno.


Aunque la herramienta viene precedida por los cuestionamientos a la anterior entrega, en la cual hubo modificaciones que se tradujeron en un atraso en la realización del estudio —por ejemplo, no se hizo el estudio de campo entre septiembre y diciembre como se hace habitualmente, sino entre abril y julio del año siguiente—, ahora, entre algunos expertos, las críticas persisten.


Porque, si bien en la presentación se destacó la “actualización” y “cambios”, incluido un cuestionario “nuevo, comparable al histórico”, se pasa de 24 mil a 55 mil viviendas encuestadas, varía nuevamente el período de recolección de datos —que fue entre julio y diciembre— y en todo un apartado se sumaron 34 comunas adicionales a las 102 donde se venía realizando la encuesta.


Dos preguntas que buscan dar continuidad a serie histórica de la encuesta


Así, se optó, por el momento, por mantener las 102 comunas para dos preguntas. En la primera, un 87,6% respondió que, “pensando en los últimos 12 meses”, creía que “la delincuencia en el país aumentó”. Menos que el 90,6% del año pasado, que es la mayor cifra en la historia de la Enusc, pero representa el segundo porcentaje más alto de la serie, vigente desde 2003.


La segunda sobre victimización fue si en el último año, “¿usted o algún integrante de su hogar fue víctima de...?” robo con violencia, con intimidación o por sorpresa, robo en la vivienda, hurto, agresiones y lesiones, robo de vehículos y desde ellos. En este caso, la respuesta se mantuvo casi igual al año anterior: 21,7% comparado con el 21,8%.


El resto de la encuesta, en tanto, se consideró el total de las comunas, es decir, las 136, incluyéndose el desglose de la victimización de hogares por delitos violentos, no violentos, delitos económicos, “delitos emergentes” como soborno o extorsiones, denuncias y percepción de incivilidades en el barrio. En este apartado para realizar comparaciones deberá esperarse la medición del próximo año.


Las autoridades informaron, mediante una minuta, que “la percepción de aumento de la delincuencia, si comparamos entre el nivel nacional, comunal y barrial, mantiene su tendencia, estableciéndose que 54,3% de las personas cree que la delincuencia aumentó en su barrio y 76,4% cree que la delincuencia aumentó en su comuna”.


En “entredicho” comparabilidad y eventual riesgo de conclusiones erróneas


El subsecretario de Prevención del Delito (SPD), Eduardo Vergara, valoró ayer el trabajo que buscó “actualizar el marco muestral, en que la encuesta sea representativa de la mayor extensión territorial posible”. Al respecto, explicó que en encuestas anteriores “había sectores en distintas comunas que no estaban siendo consultados por muchos años y, en consecuencia, esas personas estaban y se mantenían en silencio. Creo que cuando un marco muestral crece, (...) al final del día lo que se amplía es la realidad de muchas personas que por mucho tiempo también, dado el lugar donde vivían, no eran parte de esta herramienta”.


Para algunos expertos, pese a valorar la intención y avances, lo anterior podría significar poner en entredicho la comparación entre encuestas.


Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, dice, por ejemplo, que “si bien en el informe aparece una disminución estadísticamente significativa de la percepción de inseguridad respecto del año anterior, los cambios en el territorio incorporados en esta versión de la encuesta no hacen recomendable hacer una comparación de 2023 con años anteriores, hacerlo puede llevar a conclusiones erróneas”.


También Daniel Rebolledo, de Libertad y Desarrollo, tiene “reparos (sobre la comparabilidad) respecto de la serie de 2022 donde se cambiaron las fechas del campo de levantamiento de datos y tuvimos, para esa serie, resultados con un trabajo de campo realizado en un año distinto. Ese hecho creo que afecta la totalidad de la serie”.


Por su parte, el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe ve los cambios informados por el INE como “positivos, en cuanto actualizan el instrumento y si el INE certifica comparabilidad no creo que haya mayor cuestionamiento. Sin perjuicio de esto, es evidente que tenemos nuevas preguntas que permitirán a partir de este año tener más información sobre la criminalidad y violencia en Chile”.


Sin embargo, Pía Greene, académica de la U. San Sebastián, plantea que esa “comparación (de la serie) no la podemos hacer porque los delitos violentos están distribuidos de otra manera. Si alguien dice que la cifra se mantuvo, ¿se mantuvo el total de los delitos? ¿Los delitos violentos? ¿Los delitos contra la propiedad? Entonces, esa comparación es la que nosotros no podemos hacer”, lo que puede, a su juicio, terminar por desviar un poco la atención.


Percepción del aumento del delito sigue en “rangos extremadamente altos”


Más allá de esta discrepancia, Johnson resalta que “sí podemos indicar que el nivel de percepción de aumento del delito en el país sigue en rangos extremadamente altos, donde 9 de cada 10 encuestados declara esta situación. Esto puede estar relacionado con el aumento de delitos violentos y con aquellos vinculados a organizaciones delictuales. Es altamente preocupante el bajo nivel de denuncia que refleja la encuesta. Esto debilita la capacidad del Estado de enfrentar delito por la desinformación que se genera”.


Para la exsubsecretaria de Prevención del Delito María José Gómez, la encuesta “confirma la percepción de temor de la población, pues es la segunda más alta de la serie. Esto es muy preocupante, pues el miedo afecta y altera directamente la calidad de vida de las personas, que deben cambiar sus hábitos y su forma de vida dada esta realidad (...). No hay razones para estar tranquilos con estos resultados”, asevera.


Harboe, en tanto, considera que “la baja en la percepción de inseguridad si bien es marginal, no se condice con otras mediciones (...). Así y todo, que 8,7 de cada 10 personas se sientan inseguras es un problema para el país y para el sistema de seguridad, porque da cuenta de que una amplia mayoría no confía que la seguridad que el Estado está ofreciendo sea suficiente”.


Más del 60% de los encuestados dice que debió cambiar sus conductas


Algo que resalta Rebolledo es que para los chilenos, “la percepción del aumento de la delincuencia se mantiene inalterada tanto en la comuna en donde residen y en sus barrios. Por segundo año consecutivo, más de la mitad de los encuestados perciben que en su barrio, es decir, en su contexto más directo, la delincuencia ha aumentado, lo cual no se había registrado en la serie a excepción de los últimos dos años”.


Agrega que le llama la atención que, “al menos un 65% de la población ha modificado sus conductas, como dejar de caminar por ciertos lugares, por temor a ser víctima de delitos (...), y que una de cada 10 personas haya presenciado una balacera en su barrio. Esto es una señal patente de cómo el miedo que está generando la delincuencia y el crimen organizado tiene efectos concretos para las personas”.


Mientras que a Rosario Martínez, exjefa de la división de Estudios de la SPD, le parece preocupante cómo “se concentran los fenómenos de violencia en los grupos socioeconómicos más bajos (...). Los resultados debieran preocupar al Gobierno, ya que se refleja un cambio de patrón importante en el fenómeno criminal que está afectando a quienes más necesitan al Estado”.


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M. Vega