Chile ha empezado a hablar en serio de data centers, y con razón. La economía digital, la inteligencia artificial, los servicios en la nube, la ciberseguridad, la continuidad operacional del Estado y de las empresas, y buena parte de la productividad futura, descansan sobre una infraestructura que, aunque para la mayoría de las personas es invisible, resulta cada vez más indispensable.


El Plan Nacional de Data Centers 2024-2030 reconoce esa realidad y propone consolidar a Chile como un hub tecnológico regional, aprovechando ventajas comparativas conocidas disponibilidad de energías renovables, conectividad internacional, estabilidad institucional y una industria que ya muestra señales concretas de expansión.


Sin embargo, en medio de esa conversación optimista, hay un punto que no ha recibido la atención que merece. Los data centers no se instalan en la nube, se instalan en un predio determinado, dentro de una comuna determinada, sujetos a un instrumento de planificación rerritorial determinado, con permisos municipales, sectoriales, ambientales, eléctricos y sanitarios que deben ser compatibles entre sí.


Y allí aparece una dificultad menos vistosa que la inversión, pero igualmente decisiva el uso de suelo.


En Chile, los data centers han sido tratados urbanísticamente como infraestructura energética. Además, por sus sistemas de respaldo, en particular grupos electrógenos y almacenamiento de combustible suelen requerir calificación sanitaria. Esto no es un detalle administrativo, es una condición habilitante.


Si el uso de suelo no admite infraestructura energética, o si la calificación aplicable no resulta compatible con la zona en que se pretende emplazar el proyecto, la discusión sobre los beneficios de convertirnos en una plataforma regional de data centers queda suspendida en el aire.


Por muy deseable que sea una política pública, por muy clara que sea la estrategia nacional y por muy sofisticada que sea la tecnología, si la planificación territorial no permite instalar estos proyectos, simplemente no se instalan.


Esta tensión no debe sorprender. Muchas infraestructuras necesarias para la vida contemporánea enfrentan el mismo fenómeno todos las necesitamos, pero pocos las quieren cerca. Ocurre con plantas generadoras eléctricas, plantas de tratamiento, centros logísticos, rellenos sanitarios, torres soportes de antenas, líneas de transmisión y otras instalaciones que sostienen servicios básicos o estratégicos.


El problema es que esta resistencia local puede terminar chocando con una prioridad nacional.


Chile quiere más infraestructura digital y la misma requiere espacio físico, energía, conectividad y certeza regulatoria. La política pública no puede limitarse a declarar que los data centers son convenientes debe hacerse cargo de las condiciones concretas que permiten su emplazamiento. En otras palabras, la estrategia digital del país debe conversar con la planificación urbana, con la normativa sanitaria y con los municipios.


Los data centers son infraestructura energética para efectos urbanísticos, lo que debe estar debidamente internalizado por los organismos públicos que intervienen en la planificación territorial y en su autorización. Si ciertos territorios son especialmente aptos por disponibilidad energética, conectividad y menor conflicto urbano, la planificación debe reconocerlo. Y si algunas zonas no son adecuadas, también debe saberse desde el inicio, evitando inversiones fallidas y conflictos innecesarios.


La discusión sobre data centers es, en el fondo, una prueba de madurez institucional. Chile puede tener una buena estrategia nacional, ventajas comparativas reales y una oportunidad económica evidente, pero nada de eso será suficiente si el país no logra alinear su regulación territorial, ambiental, eléctrica y sanitaria con los objetivos que declara.


La infraestructura digital necesita política pública, pero también necesita suelo jurídicamente habilitado.


Si queremos que Chile sea un hub digital, debemos asumir que ese futuro no se construye únicamente con cables submarinos, energías renovables o inteligencia artificial, sino que también se construye con planificación territorial, permisos coherentes y confianza ciudadana. Si no resolvemos esa dimensión básica, la promesa de convertir a Chile en una plataforma regional de data centers corre el riesgo de quedar alojada, paradójicamente, en ninguna parte.


Alejandra Aránguiz Sánchez es directora de Barros & Errázuriz Abogados