Entre los consultados observan deficiencias en el sistema de protección estatal y señalan que las querellas interpuestas ante delitos de este tipo son solo una reacción ante “el desastre en prevención y seguridad”.

Exautoridades y especialistas analizan los efectos de la nueva criminalidad en menores de edad

“La preocupación pública evidente respecto de la cantidad de homicidios de los que estaban siendo víctimas niños, niñas y adolescentes tiene sustento en la realidad (...). En 2022 tuvimos 54 casos de niños que fallecieron en homicidios, en 2023 pasamos a 66. Eso representa un alza en la tasa de cerca del 20%”.

Con esas palabras, en entrevista con “El Mercurio”, el fiscal nacional, Ángel Valencia, graficaba una de las aristas más preocupantes que se desprenden del recrudecimiento de la delincuencia y el actuar del crimen organizado en el país: cómo este escenario también involucra y afecta a los niños, niñas y adolescentes.

Además del aumento en los homicidios con víctimas de este grupo etario, un dato que genera alerta entre especialistas y exautoridades relacionadas con la protección de la infancia es el aumento en la participación de estos en actividades criminales, lo que, según dicen, da cuenta de un alza en el “reclutamiento” por parte de bandas delictuales. Según el Boletín Estadístico de Homicidios Responsabilidad Penal Adolescente 2022 de la fiscalía, el 57% de las muertes de menores en ese año fue en contexto delictual.

En un contexto marcado, además, por el reciente cuádruple asesinato de menores de edad en Quilicura, desde Fundación San Carlos de Maipo advierten que son los niños los que “están pagando los costos del crimen organizado”.

“La masacre de Quilicura les pone rostro a las cifras”

Al respecto, su gerente general, Marcelo Sánchez, señala que “los números son claros. En tanto el total de homicidios consumados baja un 6% —en el segundo año con más alto número de homicidios—, en el caso de los niños muertos de entre 0 y 17 años —según el informe del Ministerio Público— se observa un aumento de 22,2%, entre el año 2022 y 2023. Creo que no puede haber doble lectura en esto, la masacre ocurrida en Quilicura les pone rostro a estas cifras”.

En esta línea, advierte que “se observa una concentración territorial que da cuenta de la relación que existe con este tipo de organizaciones. Seis de cada 10 víctimas (menores) participaron en actividades delictivas, es decir, fueron reclutadas por bandas dedicadas a crímenes graves contra las personas. Por el otro lado, cuatro de cada 10 son víctimas totalmente aleatorias del delito, se encontraron en medio de una quitada de droga o en la trayectoria de una bala loca”.

Además, identifica al menos dos motivos por los cuales las bandas de crimen organizado buscan reclutar niños. La primera, es que a través de eso logran cooptar a las comunidades: “Un padre, una madre, una abuelita con un hijo o un nieto en una banda, es muy difícil que coopere con la autoridad o con sus vecinos”.

En segundo lugar, señala que las bandas criminales buscan aprovecharse “de la protección que el legislador les da a los niños estableciendo un sistema penal diferenciado del sistema penal adulto, con penas que a los ojos de los delincuentes son menos gravosas, por lo que se traslada el costo punitivo de las acciones más violentas hacia los niños”.

Advirtiendo, además, un aumento en los factores de riesgo que enfrenta la niñez, Sánchez agrega que “la respuesta desde el sistema de protección integral a la niñez no ha sido coherente”.

“Ausencia del Estado” ha permitido que el crimen organizado “provea”

En sintonía con este diagnóstico, la exdirectora del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 2020 y 2022, Rosario Martínez, advierte que “la ausencia del Estado en muchos lugares del país, ha permitido que el crimen organizado provea de bienes y servicios a menores de edad y a sus familias, quienes ven en esta forma de vida un camino asequible y rápido para alcanzar movilidad social”.

En cuanto a las medidas que son urgentes de adoptar, la actual directora de Observatorio Social de la Universidad del Alba, destaca, en primer lugar, que el deber es “proteger a la infancia”, y que, por tanto, eso “significa robustecer la oferta para este grupo, contar con más espacios de cuidado después de la salida del colegio, programas de prevención en la temprana edad, programas para intervenir la participación de adolescentes en pandillas, salud mental, y recuperar la presencia del Estado en los barrios tomados por el crimen organizado”.

En este sentido, dice que no se trata de “inventar la rueda”; que existe evidencia en la materia, y que lo que se necesita es “voluntad política”: “No puede ser que la respuesta de instituciones como la Defensoría de la Niñez o del propio Gobierno sea una querella; eso es solo reacción ante el desastre en prevención y seguridad que estamos viviendo”.

Necesidad de fiscales especializados

Por su parte, el exdirector del Sename entre marzo y octubre de 2010, Francisco Estrada, destaca que para enfrentar el fenómeno se requieren soluciones integrales y estratégicas. “La pura actividad policial no va a solucionar el problema”, advierte.

Así, indica que, “según datos de Fiscalía —coincidentes con el reciente caso de Quilicura—, la Fiscalía Centro Norte es aquella que concentra una mayor frecuencia de víctimas (12), seguida por la Fiscalía Regional de Valparaíso (8), entonces, uno esperaría mayor dotación de fiscales y uno especialmente asignado a este tema, en estas fiscalías”.

Además, agrega que es necesario “apurar el despliegue de las Oficinas Locales de Niñez (OLN) como actores locales de la protección administrativa y la prevención de vulneraciones de derechos”. Junto con esto, plantea que se deben robustecer servicios como las corporaciones de Asistencia Judicial, el Centro de Salud Mental (Cosam), entre otras.

Oliver Rodríguez G.