Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en una sociedad que aún mantiene prácticas discriminatorias.

Un desafío pendiente:

S i bien hoy es más fácil educar una niñez en equidad y las nuevas generaciones parecen incorporar de manera natural una mirada más igualitaria, persisten brechas de grupos sociales anteriores que crecieron en contextos donde la postergación, el silencio, la violencia y la discriminación eran vistos como parte del rol de ser mujer. Para estas, el cambio no solo implica un proceso interno de concientización, sino que también con su entorno y con la sociedad completa; por ello, es necesario hacer el cruce legislativo en normas protectoras de mujeres y de personas mayores.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de Estados Americanos en 2015 y ratificada por Chile en 2017, reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones y a vivir de manera autónoma e independiente, en igualdad de condiciones y respetando sus tradiciones y creencias; sin embargo, en la práctica, aún es común que se tomen decisiones por ellas sin siquiera consultarles, anulando su opinión o infantilizando su parecer.

Esta convención también establece, en su Artículo 9, el derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia, definiendo esta como cualquier acción que cause muerte, daño físico, psicológico o sexual, tanto en el ámbito público como privado. En este contexto, es fundamental vincular esta normativa con la Ley de Violencia Intrafamiliar, que presume el riesgo inminente cuando una persona mayor, siendo dueña, poseedora o mera tenedora de cualquier título legítimo de un inmueble que ocupa para residir es relegada a espacios secundarios o se le restringe su movilidad dentro de su propia vivienda por parte de su agresor. Situaciones como la descrita en la ley son de común ocurrencia y se agravan cuando, además, los agresores obtienen un mandato para cobrar la pensión de jubilación, único medio económico del que ellas disponen, restringiendo aún más la independencia de las mujeres mayores, excluyéndolas socialmente, lo cual, en evidencia, afecta en forma irremediable su autoestima e integridad.

Los Estados parte de esta convención, incluido Chile, tienen la responsabilidad de garantizar que las personas mayores disfruten plenamente de su derecho a la vida y a envejecer con dignidad, en igualdad de condiciones con el resto de la población. Este compromiso debe trascender el ámbito legal y reflejarse en la vida cotidiana, promoviendo entornos donde las mujeres mayores sean valoradas, respetadas y escuchadas. Muchas de ellas han experimentado a lo largo de su vida la discriminación y los cuestionamientos de una sociedad machista simplemente por ser mujeres, por lo que es fundamental reconocer su historia y asegurarles un trato digno e igualitario.

En este sentido, es posible adoptar hábitos en nuestros hogares que fomenten una comunicación basada en la escucha activa. Es importante recordar que nuestras madres, hoy personas mayores, nos transmitieron con paciencia invaluable las enseñanzas fundamentales de la vida, muchas veces en contextos educacionales adversos y con un acceso limitado a la información.

Es fundamental transformar la imagen pasiva de las mujeres mayores y reconocerlas como figuras de conocimiento y experiencia, cuyo aporte es clave para el desarrollo de la sociedad. Prácticas como estas no deben reducirse a simples buenas intenciones, especialmente considerando que la Convención reconoce, en su artículo 14, el derecho a la expresión, a la opinión y al acceso a la información.

No se puede dejar de mencionar el reconocimiento que la normativa otorga al derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud (Artículo 11°). Esto es especialmente relevante, ya que, en muchas ocasiones, por un cariño mal entendido, se ocultan o minimizan diagnósticos médicos, vulnerando así el derecho de las personas mayores a decidir sobre sus propios cuerpos y tratamientos.

Sin duda, existe un gran desafío pendiente con las mujeres mayores, el cual debe asumirse con el compromiso de garantizarles una vida plena y el respeto absoluto de todos sus derechos.

Carolina Araya, directora de Derecho en la Universidad de Las Américas, sede Concepción.