Tras nueve meses de suspensión del proceso de licitación de los almacenes de venta libre o Duty Free Shop del aeropuerto de Santiago, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ordenó la reanudación de este procedimiento.

El 17 de enero de 2024, el Tribunal ordenó la suspensión de este concurso, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, luego de que la concesionaria Nuevo Pudahuel ingresó una consulta a la entidad para que ésta resolviera si las bases de licitación de los almacenes de venta libre contemplaban preceptos que pudiesen llegar a infringir la libre competencia.

Luego de meses de trámite, la mañana de este miércoles se llevó a cabo una audiencia en el TDLC, instancia en la cual abogados en representación de Nuevo Pudahuel, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Motta Internacional -empresa panameña a cargo de operar almacenes de venta librepresentaron sus alegatos.

De acuerdo al TDLC, los argumentos expuestos por los distintos intervinientes, llevaron a la institución a alzar la suspensión de la licitación de los almacenes de venta libre. A esto se le suma que, días antes de la audiencia, Motta Internacional solicitó levantar la medida.

En detalle, Motta enfatizó que no existen antecedentes suficientes que constituyan una presunción grave de que las bases de licitación afectan la libre competencia; sumado a que la medida cautelar decretada es desproporcional al objeto de la consulta y su otorgamiento genera perjuicios a los consumidores y a los actores del mercado.

Cabe precisar que el llamado a licitación se realizó en octubre del año 2023 y se espera que a mediados de 2025 se adjudique la concesión.

Audiencia pública

La encargada de dar inicio a la jornada fue la abogada de Nuevo Pudahuel, Vanessa Facuse. Durante su presentación, detalló que las Bases de Licitación presentan graves y manifiestos riesgos para la libre competencia, que suponen: un modelo económico que desincentiva la participación y que deriva en mayores precios y menores alternativas de productos; y una oferta técnica que no contempla elementos que generen competencia, afectando la calidad del servicio de la futura concesión.

Además, Facuse señaló que existe una duración temporal excesiva de la concesión, contraria a la práctica internacional, que genera pérdidas de innovación y en la calidad de los productos y servicios.

Otro argumento que utilizó, es que el proceso de licitación ha entregado señales de los riesgos que contienen las bases. En efecto, Facuse destacó que el proceso de preguntas y respuestas muestra un bajo interés de la industria; y enfatizó que únicamente Aldeasa solicitó y realizó visitas a las instalaciones.

Por su parte, el abogado representante de la FNE, Matías Edwards, recalcó que la mayoría de las disposiciones de las bases no tienen la capacidad de generar distorsiones competitivas, debido a que cumplen con los estándares y buenas prácticas. Sin embargo, destacó que sí existen diversos espacios de mejoras que podrían aumentar la competencia en este diseño; como los criterios de evaluación técnica, el modelo económico, entre otras cosas.

Por último, el abogado a cargo de representar al CDE, Leonardo Corral, detalló que el caso en cuestión involucra la existencia de un monopolio legal, el cual no presenta ningún obstáculo según las normativas de libre competencia.

Corral añadió que pese a este monopolio, la administración

El llamado a licitación se realizó en octubre del año 2023, y se espera que a mediados de 2025 se adjudique la concesión.

ha trabajado en colaboración con organismos estatales y empresas para asegurar el principio de libre concurrencia de los oferentes; y agregó que ninguna de las hipótesis que podrían indicar distorsiones se aplica a las bases objetadas, lo que lleva a la conclusión de que la consulta debe ser rechazada en cuanto al fondo del asunto.

POR LAURA GUZMÁN