Su preocupación se centra en el aumento de estos grupos criminales, las dificultades del Estado para hacerse cargo de la problemática y la “protección” que las pandillas les ofrecerían a los jóvenes.


Es la segunda cifra más alta de menores de edad muertos por armas de fuego en últimos cinco años:


Vecinos con miedo por sus hijos, investigadores del Ministerio Público cada vez tramitando más causas que involucran a niños y adolescentes asesinados por armas de fuego y autoridades aplicando planes de seguridad para intentar frenar el fenómeno. Se trata de un tipo de crimen que preocupa de manera transversal. El año pasado 42 menores de edad fueron víctimas de homicidio, mientras que en lo que va del año suman 48 niños y jóvenes fallecidos en las mismas circunstancias. Esto, según datos levantados y cruzados por la Defensoría de la Niñez, que analiza cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de la misma especialidad, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de la Fiscalía Nacional.


Se trata de un escenario que —cuando falta poco más de un mes para que termine 2024— hace que los especialistas calculen que la cifra este año supere el período anterior, pues a la fecha solo hay un crimen de diferencia entre un período y otro.


Una estadística en ascenso


El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, observa con inquietud estos datos. El crimen organizado, dice, “logra entrar en contextos de inexistencia o baja calidad de políticas públicas, no solo en materia de prevención y posterior persecución eficiente del delito, sino que también de políticas públicas, en general, donde el Estado se encuentra ausente, generando exclusión social y territorial, y que transforma el pertenecer a bandas delictuales en la única alternativa y expectativa de vida para muchos niños, niñas y adolescentes”.


Las estadísticas que maneja la entidad que encabeza arrojan un incremento de homicidios de menores de edad con armas de fuego en los últimos cinco años. Así, si en 2019 se registraron 27 decesos de estas características; en 2020 fueron 33, y en 2021 la cifra llegó a 29. Y los números solo empeoraron en adelante: los dos años siguientes se rompió la barrera de los 40 homicidios por armas de fuego, con 49 y 42 crímenes, respectivamente. En los últimos 11 meses alcanzaron los 48, la segunda cifra más alta de la serie.


Las primeras señales


Rosario Martínez, directora del Observatorio Social Universidad del Alba y exdirectora del Sename (2020-2022), comentó que al mando de la institución que antecedió a Mejor Niñez, se percató de que “hubo un cambio importante que nos permite identificar o sospechar del aumento de la participación de jóvenes en pandillas. En mi paso por el Servicio Nacional de Menores, en 2021, un ejemplo bien gráfico fue que aquellos jóvenes que estaban cumpliendo con una sanción o medida en el medio libre y que fallecían durante 2020, era principalmente por accidentes de tránsito”.


Sin embargo, continúa, “ya a mediados de 2021 y 2022, los fallecidos del medio libre lo eran por heridas de bala, heridas cortopunzantes por arma blanca, lo que hacía sospechar una mayor participación o rivalidad entre bandas”. Por este motivo, afirma, “se puso una serie de alertas, tanto a la Secretaría de Prevención del Delito, en el Ministerio de Justicia, como al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para ver estrategias conjuntas” contra la participación de jóvenes en pandillas.


Mientras que Pablo Zeballos, exoficial de inteligencia de Carabineros y consultor internacional en crimen organizado y fenómenos emergentes, sostiene que “en Chile hay varios elementos a considerar para profundizar”, respecto de los indicios de reclutamiento de menores de edad. “Tenemos el fenómeno de los turbazos a domicilio o retail ejecutados por menores, los robos de vehículos y otros ilícitos, que permiten sospechar que es un circuito probable. El uso y demostración en redes de poder de fuego donde se aprecia a jóvenes”, sostiene.


Quesille, en tanto, en la antesala de la cuenta pública de la Defensoría de la Niñez, también detalla los factores que, cree, inciden en este tema. “Debe considerarse que en Chile, luego de la pandemia, tuvimos una fuerte afectación en diversos indicadores sociales. Por ejemplo, en la exclusión educativa, acceso a la vivienda y salud mental. Asimismo, contamos con territorios altamente abandonados y desiguales socioeconómicamente”. Y, en ese sentido, detalla que “en este escenario complejo, con una alta cantidad de armas de fuego que circulan por encontrarse extraviadas o robadas, pareciera ser que las medidas de control o fiscalización son insuficientes”.


Los incentivos de seguridad del crimen organizado


Respecto de las circunstancias que vuelven atractivo el crimen organizado para niños y adolescentes, Pablo Zeballos plantea que, según las experiencias internacionales, “son los incentivos que ofrecen las estructuras criminales para el ingreso de estos niños a estas estructuras”. Sin embargo, hace hincapié en que “normalmente y contra lo que uno podría pensar”, no solo existen “incentivos económicos” o de “productos de lujo”, sino que, “lamentablemente, incentivos de pertenencia y de seguridad”.


Dijo, en ese sentido, “me refiero a que en algunas comunidades la seguridad que debería ofrecer el Estado, por ejemplo, no está presente. La inseguridad es diversa y la única forma de sentir que no te puede pasar nada es cuando te sientes integrado a una estructura que te puede garantizar esa protección”. Además, agrega que el Estado tiene dificultades para contrarrestar estos incentivos, “sin el apoyo de la familia y de la comunidad civil”.


¿Cómo abordar el fenómeno?


Quesille plantea que, “a nivel social, es necesaria la ejecución de políticas públicas de prevención, las cuales no solamente deben basarse en medidas de seguridad de corto plazo, sino que en políticas públicas de protección social reforzada, como por ejemplo: apoyo al cuidado, revinculación escolar, salud mental, apertura de espacios públicos protegidos, inserción laboral, reinserción social, que permitan trabajar sobre los factores protectores de la niñez y adolescencia”.


Eduardo Candia