Es el hombre al que Nicolás Maduro le encargó indagar el origen del supuesto plan de ataque internacional contra Venezuela. Conocido en el país por sus dichos en el marco del caso Ojeda, tiene sus detractores, pero también ha tejido lazos especialmente con el PC. Equipo de Reportajes


Tarek William Saab es un estrecho colaborador del chavismo:


“El fiscal hace un gran esfuerzo”, decía este miércoles Nicolás Maduro, cuando daba cuenta de las acciones del chavismo para detener las protestas desatadas luego del presunto fraude en las elecciones del domingo pasado. En la misma intervención, reforzó su tesis de que Venezuela estaría bajo un supuesto “ataque criminal” impulsado por la oposición y agentes internacionales, con personas entrenadas en “Chile y Perú (...) con planes de qué atacar, dónde atacar”.


El funcionario al cual hacía referencia era Tarek William Saab Halabi, fiscal general de Venezuela, quien ha respaldado a Maduro y responsabilizado a los opositores en el exilio Lester Toledo y Leopoldo López, y a la líder de la oposición, María Corina Machado, de planificar el supuesto hackeo contra el Consejo Nacional Electoral.


Saab ha emitido controvertidos comentarios respecto del caso Ojeda y críticas al Gobierno chileno. Sin embargo, sus contactos con el país van más allá y si bien se ha ganado la animadversión de algunos, con otros sectores ha desarrollado cercanía.


Poeta y defensor de la Vinotinto


Saab (61 años) conoció a Hugo Chávez en los 90 y trabajó por su candidatura presidencial en 1999. Es budista, abogado y ha publicado más de una decena de libros de poesía, al punto que Chávez lo apodó “el poeta de la revolución”. Pero también es político, y ha ocupado cargos como diputado, gobernador y Defensor del pueblo.


En 2003, como miembro de la Asamblea Nacional venezolana (Poder Legislativo), afirmó que “Chile es uno de los países donde hemos tenido una solidaridad más incondicional, transparente y hermana” y recordó que en la crisis de 2002 “tuvimos el apoyo de diversas tendencias ideológicas: factores socialcristianos, del Partido Socialista chileno, del Partido Comunista”, además de la Surda, movimiento del cual nacieron Convergencia Social y Comunes, hoy en el Frente Amplio.


En 2007 fue uno de los fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderado por Maduro y Diosdado Cabello.


Mientras era gobernador de Anzoátegui, en 2012, su nombre dio qué hablar en Chile por curiosas razones. Cuando la selección chilena de fútbol entrenaba en Puerto La Cruz, un apagón detuvo la práctica. En el lugar estaba Saab, quien aseguró a “El Mercurio” que “eran 45 minutos de entrenamiento con luz artificial y ya. Les dimos cinco minutos más, y siguieron otros diez minutos. Y bueno, se acabó”. Añadió que “cuando la Vinotinto fue a Chile no nos prestaron el estadio para entrenar ni con zapatillas (...)”. La misma nota recogió cómo se escuchaba al gobernador decir al teléfono “¡Son fascistas!” cuando abandonaba la cancha a oscuras.


El año pasado, otra frase del fiscal hizo noticia en medios chilenos. Luego que se revelara que dos de los autores del asesinato del rapero venezolano Canserbero, ocurrido en 2015, eran de nacionalidad chilena, resaltó que se les estaban respetando sus derechos y garantías. “¿Qué cosa tan diferente hubiera pasado si dos venezolanos matan a Víctor Jara en Chile?”, se preguntó a propósito de la “xenofobia antivenezolana brutal” que, a su juicio, existiría entre los chilenos.


Chavismo en la fiscalía


En 2017, en plena crisis política y mientras Saab se desempeñaba como Defensor del pueblo, uno de sus hijos le pidió en un video terminar con la represión: “Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país”.


Ese mismo año, luego de la disolución de la Asamblea Nacional (que había sido elegida en 2015 y donde tenía mayoría la oposición), Maduro instruyó la conformación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Fundamental —tarea que no consiguió— y que también asumió las funciones legislativas. Al día siguiente de su conformación —con solo miembros oficialistas—, destituyó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y nombró en su lugar a Saab.


Procuradores y fiscales generales de los Estados parte y asociados del Mercosur emitieron ese mismo día una declaración en la cual calificaron la decisión como un “claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano”. La firmaron los fiscales jefes de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú y Chile, este último representado por Jorge Abbott.


Este 2024 termina el período de siete años de Saab a la cabeza de la Fiscalía General venezolana, tiempo en que el fiscal ha mostrado su férreo apoyo al régimen.


Quienes conocen de su actuar comentan cómo ha abierto investigaciones contra los opositores al chavismo acusándolos de subversión, intentar golpes de Estado, traición a la patria, conspiración con potencias extranjeras, entre otros motivos que la oposición califica de “montaje”.


Son varios los organismos internacionales que han criticado la falta de independencia judicial en Venezuela y/o pedido restablecer la separación de poderes en ese país. Lo hizo el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 2020; la misión internacional independiente de DD.HH. encargada por la ONU para Venezuela en 2021; la Unión Europea en 2022 y este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


“Imagínense que a Ángel Valencia se le pudiera adherir a un partido político o a cierta ideología marcadamente, como es el caso de Tarek William Saab. Desde su tiempo estudiantil, viene de ser líder político y siempre con una ideología”, dice Guarequena Gutiérrez, académica de la U. del Alba y exembajadora de Juan Guaidó.


Saab ha sido sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Canadá, entre otros países, por violaciones a los derechos humanos y corrupción.


A juicio de Luis Marcano, magistrado venezolano asilado en Chile desde 2017, “hay que estar atentos porque él es el brazo represor del régimen de Venezuela. El brazo represor no solamente desde el punto de vista policial, sino que él le da legalidad y pretende darle legitimidad a la acción policial. (...) Él es una pieza clave de este entramado que yo llamo entramado criminal”.


Siempre atento a Chile


Saab sigue con atención lo que sucede en Chile. En 2019, difundió videos del estallido, dijo que el toque de queda era “para masacrar al pueblo” y tildó al gobierno de Sebastián Piñera de “represivo”.


Ha estado en el país varias veces y se ha reunido con personeros del Partido Comunista, donde ha tejido sus mayores lazos.


Su visita a Santiago el año 2000 quedó registrada en una fotografía que se tomó junto con Gladys Marín y Juan Andrés Lagos. El fiscal la compartió en sus redes sociales el mes pasado, destacando a la fallecida militante comunista y con un mensaje dirigido a quienes “en nombre de la falsa izquierda han traicionado cobardemente las extraordinarias batallas del hermano pueblo chileno”. Y agregó: “#LosEsperamosEnLaBajaita”, algo así como “te espero a la salida”.


En 2015, Saab estuvo con el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez y el exfrentista César Bunster. También publicó una fotografía en redes sociales de la cita.


En línea con el PC


Miembros del PC han mostrado afinidad con las posturas expresadas por Saab en más de una oportunidad.


Ha llamado la atención, por ejemplo, lo sucedido con el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, disidente perseguido por el régimen de Maduro. Saab lo ubicaba perfectamente. Días antes de su desaparición en Chile a fines de febrero, el fiscal venezolano habló en una conferencia de prensa de la operación “Brazalete blanco”, supuesto plan para atentar contra Maduro, donde mencionó a Ojeda como colaborador de otro exmilitar que se autoinculpaba del hecho.


El integrante de la comisión política del PC chileno, Juan Andrés Lagos, a fines de febrero, respondió a quienes ya planteaban que el régimen de Maduro podría estar involucrado en el caso que estas eran “especulaciones terribles” que “apuntan principalmente a tratar de debilitar, romper, todo tipo de interacción entre Chile y Venezuela respecto de temas tan importantes como el narcotráfico, el lavado de dinero, crimen organizado”. Días después, el presidente del PC, Lautaro Carmona, en la misma línea, llamó a preguntarse si acaso no había un montaje que involucrara a la CIA en el caso más que pensar en el gobierno de Venezuela.


Sin embargo, a comienzos de marzo, cuando ya se había encontrado el cuerpo de Ojeda, el fiscal nacional Ángel Valencia señaló que se debía investigar “la hipótesis de que la justificación sea política, en razón con su calidad de disidente”. Al mes siguiente, el persecutor Héctor Barros fue más allá, sostuvo que el crimen se había organizado y solicitado desde Venezuela y descartó que el caso tuviera nexos con el crimen organizado o con el secuestro extorsivo.


A fines de mayo dos fiscales venezolanos visitaron Chile, viaje anunciado por Saab apenas unos días antes. Luego de una lenta respuesta de Venezuela a las solicitudes de información hechas desde Chile, querían conocer el estado de la investigación, que es reservada. El diputado Boris Barrera (PC) deslizó una crítica al Ministerio Público chileno y se preguntó si “hay intención de llegar al fondo en este caso”, luego que Valencia y Barros se excusaran de recibirlos.


Por su parte, Saab, en conferencia de prensa en junio, planteó que el homicidio de Ojeda era “una operación de falsa bandera”, que “tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela” y en que habrían participado “cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con intereses espurios”. De paso, criticó a la fiscalía chilena por “falta de cooperación”, ideas similares a las planteadas por miembros del PC.


No solo miembros del PC han legitimado la tesis de Saab. El exsenador y actual candidato a gobernador del Biobío por la FRVS, Alejandro Navarro, afirmó respecto de la acusación del fiscal venezolano que “conociendo a William Tarek, para hacerla, debe estar informado y bien informado”. En 2017 Navarro había dicho: “Si Maduro me llama a ser su soldado, yo voy inmediatamente”.


En los últimos días, la tónica se repitió. Lejos de la distancia que tomaron por las elecciones el Gobierno de Chile e incluso el Partido Comunista de Venezuela —que afirmó que “así como el gobierno de Nicolás Maduro ha despojado al pueblo venezolano de sus derechos sociales y económicos, hoy pretende privarlo de sus derechos democráticos”—, el PC chileno calificó el proceso eleccionario de “ejemplar”.