Con los nuevos criterios y estándares para certificarse, juegan un rol clave la economía de las casas de estudio y las denuncias que tienen ante la Superintendencia.

Varias instituciones pasan por una compleja situación económica:

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó la acreditación de la Universidad SEK la semana pasada, lo que la convirtió en la primera institución de educación superior en no conseguir dicha certificación desde que en octubre del año pasado empezaron a regir los nuevos criterios y estándares.

El número de instituciones en el sistema superior se ha reducido con los años, de la mano de exigencias cada vez más rigurosas para operar, según estableció la Ley 21.091 en 2018. Esto, tras el inicio de la gratuidad y con el antecedente del escándalo de las acreditaciones de planteles como la U. del Mar, que en 2012 dejó a más de 10 mil alumnos a la deriva.

Uno de los principales riesgos para las instituciones es que, de no lograr certificar su calidad, deben dejar de funcionar, por lo que se prevé que el sistema —que hoy cuenta con 103 planteles en total— se seguirá reduciendo.

Así, enfrentan un desafiante escenario las instituciones con un nivel “básico” de acreditación, que solo se extiende por tres años, el más bajo de todos, como la U. del Alba y la U. Miguel de Cervantes, entre otras, junto con una decena de institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT).

La U. SEK, por ejemplo, contaba con el nivel básico desde 2021, luego de apelar al Consejo Nacional de Educación (CNED) porque la CNA también la rechazó en esa ocasión.

También se encuentran en un panorama complejo aquellas casas de estudio que atraviesan problemas financieros y que les corresponde volver a pasar por el proceso de acreditación en los próximos años, como la U. de Aysén, cuya certificación también se extiende solo por tres años, hasta abril de 2026; la U. de La Frontera (UFRO), que hoy figura con acreditación “extendida” hasta que termine el proceso de revisión de su renovación, ya que duraba hasta noviembre de este año.

También están la U. Alberto Hurtado, cuya acreditación dura hasta este mes y está siendo observada por la Superintendencia de Educación Superior debido a un “deterioro” en su situación financiera, y la U. Gabriela Mistral, cuyo plazo de certificación también termina en las próximas semanas y ha cambiado de controlador en varias oportunidades.

Mayores exigencias

Los nuevos estándares consideran que las universidades comenzaron a ser reguladas obligatoriamente en calidad, institucionalidad, financiamiento y fiscalización. Se dividen en cinco dimensiones: Docencia y resultados del proceso de formación; Gestión estratégica y recursos institucionales; Aseguramiento interno de la calidad; Vinculación con el medio; Investigación, creación y/o innovación.

Aquellas dimensiones agrupan 18 criterios evaluados, y también se definieron distintos parámetros si se trata de universidades, IP o CFT.

Entre ellas, juegan un rol clave la situación financiera, y las denuncias y reclamos que las instituciones tienen ante la superintendencia.

Según el presidente de la CNA, Andrés Bernasconi, “no son métricas cuantitativas, son cualitativas, pero sí hacen una explicitación de qué es lo que cada criterio contiene y qué es lo que la institución necesita mostrar que está haciendo para cumplir ese criterio”.

Dierk Gotschlich y Víctor Fuentes

Autor(es):

DIERK GOTSCHLICH y VICTOR FUENTES