La crisis de seguridad, especialmente de los delitos más violentos, llevó al Gobierno a anunciar la segunda versión del Plan Calles Sin Violencia, un anuncio que no necesariamente fue valorado por todos los sectores, pese a que es transversal la idea de que algo hay que hacer. Políticos se han manifestado y expertos en seguridad dan sus opiniones.

De acuerdo al Instituto Libertad, sobre la base de cifras comparadas de STOP (Sistema Táctico de Operación Policial) de los períodos de enero a abril de 2023 y de este año, los homicidios aumentaron en un 2,5% en las 24 comunas de la Región Metropolitana del Plan, en tanto los delitos con mayor connotación social crecieron 9,9%.

La nueva estrategia policial anunciada por La Moneda forma parte de las peticiones realizadas a ambas policías e incluyen el aumento de la fiscalización migratoria a tres cada semana y uno al mes a nivel nacional; aumento de la dotación de carabineros en 1.699 efectivos, 909 de ellos, nuevos policías; focos reforzados y “operaciones enjambre”, control de espacios de alta afluencia, rondas nocturnas, control de armas con 115 nuevos funcionarios de la PDI; y reforzamiento del Equipo ECOH de la Fiscalía.

También se anunció que se optimizarán las funciones de comisarías, cuyos funcionarios, en vez de atender denuncias, saldrán a la calle. Ante esto, el diputado Andrés Longton (RN) expuso que “esto podría inhibir que las personas denuncien, porque no van a saber cuál es la comisaría de turno o quedará lejos, incluso para los carabineros que tengan que trasladar detenidos”.

El presidente de la Comisión de Seguridad añade que “hay malos resultados y eso ocurre cuando no hay una estrategia y táctica clara para enfrentarla y se trata de salir del paso con un fin político. Es un despropósito extender este plan porque no hay evidencia que demuestre que ha sido eficiente”.

Una visión crítica también tiene el diputado por Antofagasta Jaime Araya (Ind./PPD), quien señala que en su ciudad “se duplicó el número de homicidios en lo que va de 2024. Esta iniciativa es un fracaso en Antofagasta y los números son evidentes. Debemos sincerar qué ocurre y no insistir en que todo está controlado”.

Tomarle el pulso al balance de lo que ya se ha hecho es clave, indican los expertos. Rosario Martínez es directora del Observatorio Social de la U. del Alba y antes fue jefa de división en la Subsecretaría de Prevención del Delito y directora de Seguridad Ciudadana de Providencia.

“El plan considera cuatro componentes y contribuye a dificultar a los delincuentes cometer delitos en general, pero no necesariamente para los homicidios”, indica Martínez. Además, la investigadora observa que “el plan desplazó el delito, registrándose un aumento de los homicidios en un 47,3% en las comunas de la RM en las que no se implementó”.

Por su parte, Alfonso Kaiser, experto en temas de seguridad y académico del Master of Engineering de la UAndes, señala sobre el punto de partida que “Calles Sin Violencia es malo, porque parte de supuestos, cosas que se asumen como ciertas para poder ejecutar el plan, que son incumplibles. Una es que las policías están funcionando bien y eso no es verdad, porque carecen de un marco regulatorio que les dé seguridad y apoyo en el ejercicio de sus funciones”.

Además, Kaiser indica que “cualquier plan tiene que abordar las causas raíz, que es la entrada de miles de personas por la frontera norte, muchas menos que las que son expulsadas”.

En busca de soluciones, Rosario Martínez (U del Alba) comenta que “el plan no debe mejorarse en cantidad de policías u operativos, sino que hay que incorporar un componente de persecución penal que rinda cuenta a la ciudadanía y estrategias conjuntas con otras instituciones. Lo que se necesita es inteligencia y aquí debemos tener la discusión política en materia de protección de datos personales y si es hora de ceder derechos a cambio de seguridad”.

D.H.P.

A los alcaldes no les corresponde la función de seguridad, pero en la práctica han debido asumirla, participando de la discusión para la toma de decisiones y generando en buena parte oficinas de seguridad municipal. De hecho, la semana pasada, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) solicitó al Ministerio del Interior ampliar el plan Calles sin Violencia y los patrullajes mixtos a todas las comunas del país.

Alfonso Kaiser, experto en seguridad y académico de la Universidad de los Andes, asegura que “el Plan abarca áreas geográficas que es imposible cubrir con los carabineros actuales. Insisto, no es cuestión de meter más policías, sino hacer más eficientes los que ya están en la calle. La falta de apoyo que tienen en el ejercicio de sus funciones los hace inoperantes. Y es clave cómo la comunidad accede de forma rápida a esa seguridad ¿Cuánto se demora hoy un teléfono de Carabineros en atender una llamada?”.

Tras conocer en detalle el plan Calles Sin Violencia 2.0, el diputado Álvaro Carter (UDI) expresó que “el Plan en el papel es una buena idea, pero hay que sacarle carabineros a varias comunas, y el Gobierno no nos ha dicho cuáles son las comunas que van a quedar sin efectivos”.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló en ese momento que “esperamos que el proyecto de fortalecimiento de la seguridad municipal salga a la brevedad. Crea la figura del funcionario de seguridad municipal, que hoy no existe, que dispone de los elementos de protección junto a un fondo de $ 10 mil millones para emparejar la cancha entre los municipios, que establece agravantes para quienes agredan a los funcionarios y fiscalizadores, y determina cuáles son los niveles de riesgo”.

Para Rosario Martínez (U. del Alba), “los gobiernos locales deben comprometerse más en materia de prevención social, apertura de espacios de jornada extensiva para niños y que los padres puedan trabajar tranquilos sabiendo que sus hijos no están dando vuelta por los barrios; apoyar a las familias en las labores de crianza para disminuir las probabilidades que participen en actividades negativas. Y no ceder los espacios al narcotráfico, eso significa un gobierno local presente que va en ayuda de los vecinos, para que el apoyo que dan los narcos no sea una alternativa única para estas personas”.

Los municipios han creado sus propios cuerpos de seguridad. / AGENCIAUNO

Diego Hermosilla P.