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Dominga: organizaciones y sociedad civil se suman al SEA y presentan recursos ante la Suprema
En el último día del plazo para hacerlo, Organizaciones locales de la comuna de La Higuera y representantes de la sociedad civil se sumaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y presentaron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que revocó el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga.
“Recurrimos a la Corte Suprema porque estimamos que la sentencia del Tribunal Ambiental contiene claras ilegalidades al olvidar su rol, que es el de revisar las decisiones de la administración y no la de forzar la aprobación de proyectos”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA.
“Creemos que en este caso se incumple la Ley 20.600 que crea a los tribunales ambientales, por lo que esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule la sentencia”, agregó el abogado que representa a Oceana en la causa, una de las principales organizaciones detractoras del proyecto minero-portuario.
Las acciones presentadas son dos recursos, según explicaron en un comunicado. El primero, una casación de forma y fondo a nombre de la ONG Oceana y otra casación en el fondo presentada por la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros junto a personas naturales.
En los recursos se exponen los argumentos que demostrarían, a juicio de los incumbentes, que el Tribunal Ambiental, a través de su sentencia, “hizo un esfuerzo evidente por darle todo el respaldo al proyecto Dominga, ampliando sus atribuciones más allá de lo razonable y lo posible”, por lo que solicitan que la Corte Suprema anule la sentencia y declare que la resolución del Comité de Ministros que rechaza el proyecto fue dictada conforme a derecho.
“Recurrimos a la Corte Suprema porque estimamos que la sentencia del Tribunal Ambiental contiene claras ilegalidades al olvidar su rol, que es el de revisar las decisiones de la administración y no la de forzar la aprobación de proyectos”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA.
“Creemos que en este caso se incumple la Ley 20.600 que crea a los tribunales ambientales, por lo que esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule la sentencia”, agregó el abogado que representa a Oceana en la causa, una de las principales organizaciones detractoras del proyecto minero-portuario.
Las acciones presentadas son dos recursos, según explicaron en un comunicado. El primero, una casación de forma y fondo a nombre de la ONG Oceana y otra casación en el fondo presentada por la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros junto a personas naturales.
En los recursos se exponen los argumentos que demostrarían, a juicio de los incumbentes, que el Tribunal Ambiental, a través de su sentencia, “hizo un esfuerzo evidente por darle todo el respaldo al proyecto Dominga, ampliando sus atribuciones más allá de lo razonable y lo posible”, por lo que solicitan que la Corte Suprema anule la sentencia y declare que la resolución del Comité de Ministros que rechaza el proyecto fue dictada conforme a derecho.
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