Los cambios y desafíos asociados a la nueva Ley de Pensiones

La reforma previsional comenzó su implementación con nuevos aportes de cargo del empleador, beneficios para quienes ya están pensionados y un aumento gradual de la PGU. El proceso continuará con cambios relevantes en la cotización, la administración de los fondos y el funcionamiento del sistema.

Previsión social:

Este año entraron en vigencia las primeras medidas que apuntan a modificar el sistema previsional chileno, entre ellas el aporte adicional de cargo del empleador, el beneficio por años cotizados, la compensación para mujeres y el aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En los próximos años aumentará gradualmente la cotización, se incorporarán nuevos mecanismos de administración y los actuales multifondos serán reemplazados por fondos generacionales. En este ámbito, el desafío principal será que los cambios se traduzcan efectivamente en mejores pensiones, mientras se asegura la sostenibilidad del nuevo sistema.

“Desde el 1 de abril de 2027 desaparece el sistema de multifondos vigente desde 2002 (fondos A, B, C, D y E) y se reemplaza por Fondos Generacionales o ‘fondos de ciclo de vida' (Superintendencia de Pensiones, Resolución Exenta N° 1195, 1 de septiembre de 2026). El afiliado deja de elegir manualmente entre fondos y queda asignado automáticamente, según su año de nacimiento, en un esquema de 10 fondos”, explica Sebastián Cea, profesor asistente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (UAndes).

Los cambios previsionales obedecerían a un proceso de investigación y a la baja alfabetización previsional. “Hemos analizado la Encuesta de Protección Social (EPS) que constata que solo un 25% de los cotizantes conoce su tasa de contribución y apenas un 12% comprende cómo se calcula su pensión. Esto evidencia que el diseño original de los multifondos asumía una ‘racionalidad ilimitada' que no se verifica en la práctica”, sostiene el académico.

Además, los traspasos masivos que muchas personas hicieron siguiendo recomendaciones informales de asesores no regulados habrían generado importantes pérdidas de rentabilidad acumulada. Sin embargo, la asignación automática por año de nacimiento aplica el principio de Thaler: “Estructurar la opción por defecto para proteger al afiliado no informado, sin coartar su libertad en el ahorro voluntario. Nosotros hemos calibrado el modelo para el caso chileno y encontramos que el riesgo máximo óptimo del sistema debía situarse entre 84% y 92%, frente al 80% vigente en el antiguo Fondo A”, señala el profesor de la UAndes.

Acortando brechas

Usando datos comparativos de la OCDE (2023), el investigador establece el óptimo en 92,6%, identificando una brecha de 13 puntos porcentuales respecto al tope histórico de 80%, asociada a una pérdida social estimada de 16% por subasignación de riesgo en la juventud. “Un nuevo tope de 95% en activos de crecimiento para las cohortes jóvenes absorbe casi la totalidad de esa brecha. En el tintero pueden quedar propuestas de segmentar el sistema según el nivel de alfabetización financiera: automatización en el pilar obligatorio para proteger a la mayoría, libertad de elección en el pilar voluntario (APV, Cuenta 2) para quienes tienen mayor sofisticación (diseño que coincide con lo aprobado en la ley)”, señala.

Este mes, la Superintendencia de Pensiones publicó el proyecto de norma de carácter general que establece la regulación que regirá la elaboración del estudio actuarial que, cada tres años, deberá realizar el Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional para evaluar la sustentabilidad financiera en un horizonte mínimo de 75 años.

“La Superintendencia pasa de fiscalizar casi exclusivamente a las AFP como corporaciones privadas a supervisar un ecosistema público-privado completo: el Seguro Social Previsional, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y el Instituto de Previsión Social (IPS) (Ministerio de Hacienda, comunicado del 5 de agosto de 2025: ‘el FAPP estará regulado por la Superintendencia de Pensiones, la cual tiene facultades normativas, de fiscalización y control según dispone la Ley 21.735')”, agrega el profesor de la UAndes, Sebastián Cea.

Retos pendientes

Según el académico, el primer desafío de la reforma es tecnológico y operacional: “La interoperabilidad en tiempo real entre los sistemas del IPS, las administradoras privadas, los portales de recaudación patronal y la AFC es crítica, porque cualquier falla en la reconstrucción automatizada de las historias previsionales puede comprometer el pago oportuno de los beneficios que ya están comprometidos desde enero de 2026”, detalla.

Pero la migración patrimonial de abril del próximo año, cuando haya que mover decenas de miles de millones de dólares desde los multifondos hacia las carteras generacionales, también será un reto. “Ahí la Superintendencia y el Banco Central van a tener que coordinar mecanismos de compensación para que la venta o compra acelerada de instrumentos de deuda no presione al alza las tasas de interés ni deprima el valor de los ahorros ya acumulados”, explica Cea.

El tercer reto, a juicio del especialista, es la informalidad laboral. “Con una tasa promedio cercana al 27% a nivel nacional (nivel nacional en el trimestre abril-junio de 2026, un punto porcentual más que un año antes según el boletín estadístico de informalidad laboral del INE), los umbrales mínimos de cotización —20 años para hombres, 10 a 15 años para mujeres— dejan fuera a un segmento importante de trabajadores que transitan de forma recurrente entre la formalidad y la informalidad. A eso se suma que la fiscalización de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios sigue siendo un vacío legislativo relevante”, afirma.

Finalmente, el profesor de la UAndes observa una asimetría temporal en el ámbito de la sostenibilidad financiera del Fondo Autónomo de Protección Previsional, ya que los pagos del beneficio por años cotizados y la compensación por diferencias de expectativa de vida materializarán la recaudación plena de la cotización patronal gradualmente.

“Eso genera un estrés de flujo en la etapa de instalación del fondo que exige un manejo de tesorería muy disciplinado, y una gobernanza del Consejo Directivo del FAPP que sea capaz de resistir presiones presupuestarias de corto plazo. Al final, el éxito de esta reforma no se va a medir por su ambición normativa, sino por su capacidad de ejecución en estos cinco años”, enfatiza Sebastián Cea.

Los cambios clave

Debido a la implementación gradual de la reforma previsional, hoy conviven las medidas que ya están operativas con las que entrarán en vigencia en los próximos años. “Todavía quedan etapas por implementar. La cotización del empleador continuará aumentando gradualmente y para 2027 están contemplados otros cambios, entre ellos la primera licitación del stock de afiliados y la extensión del nuevo monto de la PGU a las personas de 65 años o más”, recalca Valeria Pérez, jefa de Administración Pública del IACC.

Además del calendario, son diversos los organismos involucrados, así como los mecanismos de recaudación, fiscalización y entrega de beneficios. “La reforma incorpora distintos componentes que inciden en el financiamiento de las pensiones. Uno de ellos es la nueva cotización de cargo del empleador, que aumenta gradualmente de acuerdo con el calendario establecido en la ley”, valora la especialista.

En este contexto, uno de los principales cambios que destaca la profesional es que el monto de una pensión pasa a estar relacionado con distintos componentes del sistema: el ahorro acumulado en la cuenta individual, los aportes efectuados durante la trayectoria laboral y los beneficios previsionales a los que cada persona tenga derecho de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa.

En cuanto a la nueva fuente de financiamiento asociada a la remuneración imponible del trabajador, pero de cargo del empleador, Valeria Pérez recuerda que, además de las cotizaciones que ya realiza el trabajador, el empleador efectúa aportes previsionales adicionales calculados sobre la remuneración imponible. “La nueva cotización de cargo del empleador no corresponde a un descuento adicional del sueldo del trabajador”, señala.

De hecho, en agosto comenzó a aplicarse la Cotización con Rentabilidad Protegida, equivalente inicialmente al 0,9% de la remuneración imponible. “Este aporte es financiado por el empleador, queda registrado a nombre del trabajador y, al momento de pensionarse, los recursos correspondientes, junto con sus reajustes e intereses, contribuirán a complementar su pensión”, detalla la jefa de Administración Pública del IACC.

Impacto en el trabajador

Según Pedro Peña, abogado socio de SoyTrabajador, para los trabajadores activos, el cambio más concreto de la reforma previsional es la cotización previsional adicional de cargo del empleador, que no se descuenta de la remuneración del trabajador. “Entre agosto de 2026 y julio de 2027 alcanza el 3,5% de la remuneración imponible: 0,1% se abona a la cuenta individual; 0,9% corresponde a una cotización con rentabilidad protegida, representada por un bono a favor del afiliado, y 2,5% se destina al Fondo Autónomo de Protección Previsional para financiar la compensación por diferencias de expectativa de vida y parte del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia”, detalla.

De ahí la importancia de revisar la cartola previsional y el detalle de las cotizaciones. Para las personas pensionadas, desde el 2 de enero de 2026 rigen el beneficio por años cotizados y la compensación para mujeres por diferencias de expectativa de vida.

“El beneficio por años cotizados exige, por regla general, tener 65 años, estar pensionado conforme al DL N° 3.500 y cumplir un mínimo inicial de 20 años de cotizaciones para los hombres y 10 para las mujeres. Se pueden computar ciertos períodos cotizados antes del 1 de agosto de 2025; el beneficio puede llegar a 0,1 UF por cada 12 meses, hasta 300 meses, pero se calcula proporcionalmente al tiempo trabajado y su monto final está sujeto a una deducción legal. Para las mujeres, el mínimo de cotizaciones aumentará gradualmente desde 2028”, explica Peña.

En el caso de las mujeres que cumplan con los requisitos para acceder a la compensación por diferencias de expectativa de vida, el abogado recuerda que el monto depende, entre otros factores, de la edad a la que se pensionan, y tiene un mínimo mensual de 0,25 UF. “Además, desde septiembre, el monto máximo de la PGU se extiende a las personas de 75 años o más que tengan derecho a ese beneficio. Los pensionados por vejez o invalidez del DL N° 3.500 antes del 1 de agosto de 2025 debían ser revisados de oficio por el IPS, sin solicitud, para determinar si cumplían los requisitos”, concluye.

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