Señor Director: El llamado “impuesto al lujo” ha tenido efectos más nocivos que beneficiosos. Ni siquiera en recaudación hay cuentas alegres: entre enero de 2023 y julio de 2025 se recaudó menos de la mitad de lo proyectado. Pero lo más preocupante no es eso: su diseño ha terminado castigando actividades económicas que generan empleo, inversión y desarrollo en nuestro país. Al gravar de manera excesiva ciertos bienes de alto valor —como automóviles, aeronaves y embarcaciones— se ha desincentivado la compra e importación en Chile, trasladando operaciones a otras jurisdicciones, reduciendo así la recaudación esperada. Lo paradójico es que los sectores alcanzados por este tributo son, en general, intensivos en encadenamientos productivos: desde talleres y proveedores de servicios hasta profesionales especializados, todos dependen de un ecosistema que se debilita cuando el mercado formal se encoge o se desplaza al extranjero. El resultado es una pérdida neta para la economía nacional, tanto en empleo como en recaudación indirecta. Un sistema tributario moderno no puede basarse en señales simbólicas, sino en la búsqueda de eficiencia, equidad y competitividad. La experiencia de otros países demuestra que cuando la tributación se centra en ampliar bases imponibles y reducir distorsiones, los efectos son positivos y sostenibles. Chile está a tiempo de corregir este rumbo. Revisar el impuesto al lujo no es ceder a intereses particulares, sino reconocer que una política mal diseñada ha generado más perjuicios que beneficios. Ajustarlo permitiría fortalecer sectores productivos, aumentar la formalidad y, en definitiva, recaudar mejor y de manera más justa. Fernando Lathrop Abogado