Ricardo Escobar conoce de cerca la dinámica entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII), entidad que lideró entre 2006 y 2010, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.

El abogado y hoy socio del estudio Bofill Escobar Silva Abogados, recuerda que en su etapa en el organismo la relación con el Ministerio Público era “cordial” con el fiscal nacional (tuvo de contraparte a Guillermo Piedrabuena y Sabas Chahuán).

“En general, había cooperación y coordinación entre los abogados del SII y los fiscales cuando presentábamos una querella”, recuerda el profesional.

Todo cambió, dice, cuando comenzaron a emerger los primeros casos de financiamiento irregular de la política, a partir de 2014.

“Allí, el interés porque hubiera castigos a toda costa, cuando las acciones por delitos o infracciones electorales estaban prescritos, llevó a algunos fiscales a aventurar que la solución eran las acciones por delitos tributarios, aun cuando había pocos o nulos indicios de que las facturas falsas hubieran sido emitidas con propósitos tributarios”, opina.

Se instaló entonces, recuerda, la discusión sobre la discrecionalidad del actuar del director del SII en materia de querellas y la conveniencia de que el Ministerio Público pudiera actuar por su cuenta en casos tributarios.

“Esta es una mala propuesta de solución para un problema mal diagnosticado”, enfatiza el abogado de la Universidad de Chile, con una maestría en la disciplina de la Universidad de California.

Escobar cierra señalando que la responsabilidad por la gestión de los recursos del SII debe estar en el director nacional “y no depender de una actividad forzada por querellas o investigaciones de la Fiscalía. Sin ese control, la labor del SII se hace muy difícil”.

“En general, había cooperación y coordinación entre los abogados del SII y los fiscales cuando presentábamos una querella”, recuerda.