La transferencia automática del costo de querellas frívolas otro talón de Aquiles del sistema penal chileno

Los sistemas penales latinoamericanos tienen una peculiaridad mientras en buena parte del mundo el control del inicio de procesos penales contra alguien se encuentra casi íntegramente entregado a organismos estatales, en nuestro ámbito se permite una especie de ejercicio privado parcial de la acción penal mediante la presentación de una querella. La querella permite a una víctima, o a alguien que se presente como tal, iniciar un proceso penal mediante su interposición, la imputación de un delito a una persona adquiere estatus formal, la persona adquiere la calidad de imputado.

En teoría, ese estatus no implica una carga y está ahí solo para resguardar sus derechos pero, en los hechos, el estatus de imputado tiene costos personales relevantes y que, sobre todo en ámbitos económicos, comienzan a manifestarse rápidamente.

La querella es una rareza y tiene efectos jurídicos en general precarios. Salvo en los casos muy limitados de delitos de acción penal privada, la imputación a una persona no puede seguir a estadios más avanzados sin que el Ministerio Público se decida a formalizar y luego a acusar al imputado.

El Ministerio Público sigue siendo el tomador de decisión central en la definición del destino del imputado. Cualquier interno al sistema sabe que antes de que se formalice al querellado, no hay ningún indicio de que el caso tenga destino.

Pero, para efectos reputacionales, esa asociación es hoy en día invisible. Presionadas por sus propias exigencias de compliance, las empresas y otros empleadores o potenciales socios comerciales tienden a revisar a las personas naturales a las que contratan o con quienes se asocian.

Los prestadores de servicios tecnológicos que proveen estos servicios en general recorren (mediante “ scrapping ”) los sistemas del Poder Judicial y, si se encuentran con una persona en un proceso penal que tenga la calidad de querellado, informan hallazgos positivos.

Si el caso logra salir mínimamente en la prensa, será reportada además como “prensa negativa”. Ello tiende a ser tomado como indicador de riesgo elevado. Rápidamente, las puertas de una persona que ha sido objeto de una querella, por frívola que ella sea, comienzan a cerrarse.

La existencia de un sistema que combina, por una parte, atribución automática de la condición de imputado a otro, sin filtro real de los tribunales, y, por la otra, un tratamiento de mercado y social en que la atribución de la condición de imputado es suficiente para asociar efectos de exclusión, genera con demasiada facilidad costos enormes para todo querellado. Ello pone incentivos fuertes para el ejercicio de querellas frívolas como mecanismo de extorsión o presión, y esos efectos se manifiestan de modo especialmente intenso en trabajadores o ejecutivos de perfil medio que no tienen otros mecanismos de protección para evitar que esos efectos se manifiesten.

El sistema legal chileno, así como los prestadores de servicios tecnológicos de revisión de antecedentes y los departamentos de compliance de las empresas, han naturalizado esta situación, pese a saber que no tiene justificación alguna. El sistema legal se puede amparar en la idea de que, en realidad, antes de la formalización de la investigación, no hay posibilidad de imponer costos legales reales sobre el querellado. Ser querellado o imputado no es teóricamente, después de todo, un estatus formal con consecuencias negativas.

Las empresas asumen que, en un sistema que no produce demasiadas condenas y tarda en todo caso demasiado tiempo, asociar riesgo recién con la producción de condenas sería llegar demasiado tarde. Tomarían un riesgo que podrían evitar, por lo que prefieren asumir el costo —transferido al ejecutivo o trabajador querellado— de muchísimos falsos positivos, en vez de comprarse el costo de algunos pocos falsos negativos.

Esta configuración, amparada en esa comodidad, no favorece a nadie. Ciertamente, no favorece a las muchas personas afectadas por imputaciones frívolas que tienen que asumir un costo que debiera reservarse para casos serios. No favorece al sistema penal, que genera incentivos a la interposición de querellas también frívolas y que, con eso, aumenta el universo de casos que debe procesar.

Tampoco favorece a las empresas, que saben que están automatizando decisiones de exclusión de talentos o asociaciones potencialmente interesantes, por evitar riesgos que muy probablemente son puramente aparentes.

El cortocircuito dado por esta asociación entre capacidad prácticamente infinita de atribuir a otro la calidad de querellado y asociación de costos penales con la pura condición de querellado no se sostiene porque sea natural, se sostiene porque las acciones de todas esas instituciones lo reproducen, pero esas mismas instituciones podrían tomar acciones simples para limitarlo, sin necesidad de reformas legislativas de mayor alcance. Hay varias acciones regulatorias o de auto-regulación que podrían producir ese efecto.

Desde el punto de vista de las empresas, sus propios sistemas de compliance y sus propias alertas debieran ser más sensibles a la poca capacidad de decir algo que tiene la condición de imputado o querellado en la realidad chilena. No es necesario esperar a la condena para atribuir riesgo a una persona. En los hechos, si la formalización funciona como un mecanismo que señala el compromiso de al menos una autoridad —el Ministerio Público— con la seriedad del caso, entonces los sistemas debieran ser sensibles a esa configuración.

Desde el punto de vista del sistema institucional, hay al menos tres formas de reacción que pueden disminuir los incentivos al uso frívolo y con costos excesivos de la querella.

El primero, que los juzgados de Garantía realicen exámenes de admisibilidad que no sean puramente formales.

El segundo, que el Ministerio Público cuente con mecanismos internos de organización que lo lleven a tomar de forma suficientemente pronta decisiones de no perseveración, esto es, a botar tempranamente querellas. Ningún sistema penal funciona sin organización al filtro y es una ilusión creer que puede ser de otro modo.

El tercero, que los agentes privados e institucionales aumenten el costo de la presentación de querellas frívolas. La imposición de condenas en costas de una cuantía suficiente para no ser simbólica, así como la disposición a perseguir por querella calumniosa, conseguirían este objetivo.

Cualquiera sea la opinión que se tenga de la institución de la querella, estos tres mecanismos limitarían, al menos en algo, los efectos disfuncionales que están produciendo.

Javier Wilenmann Von Bernath es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y socio de Merino y Compañía y de WB Consulting