CÓMO LA RESPONSABILIDAD PENAL ALCANZA A LA CADENA DE VALOR EN LAS ORGANIZACIONES

La prevención de delitos ya no es un asunto exclusivamente interno de las grandes compañías. Desde septiembre de 2024, las modificaciones a la Ley N° 20.393 introducidas por la Ley de Delitos Económicos elevaron las exigencias sobre los modelos de prevención y reforzaron la necesidad de gestionar los riesgos de compliance asociados a terceros. Pero, ¿cómo está respondiendo el ecosistema empresarial y qué brechas persisten en este tema?

“Hoy, un proveedor no solo debe responder por su capacidad de entregar un producto o servicio, sino también por los riesgos que su operación puede generar para quien lo contrata”, asegura Javiera Román, consultor senior cyber, risk & compliance de BDO. Por ello, las evaluaciones incorporan antecedentes de representantes, conflictos de interés, cumplimiento y mecanismos de control, haciendo que el nivel de riesgo también incida en la selección y continuidad de los terceros.

Para el socio de compliance de Alessandri Abogados, Santiago Ortúzar, la gestión de terceros debe considerar cuatro elementos: clasificación según riesgo, debida diligencia proporcional, cláusulas contractuales de cumplimiento y auditoría, y mecanismos de monitoreo y denuncia. El foco, dice, es evitar que el modelo de prevención quede circunscrito a la organización y extenderlo a su cadena de valor.

Uno de los principales problemas es que el control de terceros todavía puede reducirse a una revisión inicial. “Muchas empresas realizan algunas verificaciones iniciales, pero luego no actualizan la información ni monitorean cambios relevantes en sus proveedores”, advierte Ortúzar. También detecta una brecha entre los procesos de compra, contratación y los controles específicos asociados a los riesgos penales contemplados por la Ley N° 21.595.

Para Sara Huerta, socia de HD Compliance, el monitoreo durante la ejecución y las auditorías a terceros de mayor exposición siguen siendo aspectos que deben fortalecerse. “Una cláusula sin seguimiento no previene nada”, advierte.

Estas exigencias representan un costo adicional para los proveedores, añade, especialmente para los de menor tamaño, pero también una herramienta de protección, dado que la Ley N° 20.393 alcanza a las personas jurídicas en general. Por ello, no se trata de que cada proveedor replique los modelos de sus clientes, sino de que desarrolle un sistema proporcional a sus propios riesgos, considerando su giro, tamaño y recursos.

La recomendación para ellos, complementa Román, es identificar riesgos prioritarios, asignar responsables y controlar procesos críticos como contrataciones, pagos y relación con terceros. “Priorizar permite focalizar recursos, mantener costos razonables y evitar burocracia innecesaria”, sostiene.

POR VALENTINA CÉSPEDES