Frente a esta medida, cuestionada por la CMF y por expertos, el oficialismo pidió al Gobierno tomar “las medidas que correspondan” para resolver las observaciones.

La ley de Reconstrucción quedó a un paso de salir del Congreso, pues solo una norma quedó pendiente de revisión en la comisión mixta (ver nota superior). Ahora, sin embargo, voces del oficialismo y el mundo técnico ven con preocupación el “control de daños” que tiene que hacer el Ejecutivo, con aquellas disposiciones que quedaron en el texto y han sido duramente cuestionadas por sus “efectos indeseados”.

Uno de esos casos es el artículo que prohíbe el anatocismo. El Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han hecho un extenso análisis sobre sus consecuencias negativas para los usuarios del sistema. Pero hay otra: en el tercer trámite del proyecto se sumó también la ratificación del “derecho al olvido” financiero, una medida incorporada en el Senado que busca eliminar los registros de aquellas deudas que tengan más de cinco años.

En este caso, el Banco Central ha dicho que está “analizando” posibles implicancias, pero la CMF envió un extenso oficio en que, a grandes rasgos, se concluye que “implicará en la práctica la prescripción de las deudas”.

Evaluación y costos

En los ocho puntos que aborda la minuta de la CMF sobre el “derecho al olvido”, menciona a lo menos los efectos negativos para los usuarios. El más general indica que si se eliminan los registros se impide gestionar los cobros por parte del acreedor, “conllevando a un incremento de costos para el sistema”. También resaltan que “al no existir registros internos de deuda (quién debe y cuánto), la deuda simplemente se extingue”.

Desde el punto de vista práctico, la abogada Constanza Bengoa, del estudio jurídico Palma, sostiene que “si la evaluación no puede realizarse, la restricción en el acceso a productos afectará tanto a las personas que han cumplido con sus deudas como aquellas que no”.

En la CMF también ponen un énfasis normativo: la limitación en el acceso a deudas extinguidas ya está normada en el Registro de Deuda Consolidada (Redec), que empezó a regir en abril. En esta herramienta, que centraliza la información comercial, el acceso a dichos datos debe ser consentido, utilizando solo para fines específicos, y no se puede acceder a obligaciones extinguidas hace más de cinco años.

En este sentido, el problema con el “derecho al olvido” es su amplio alcance: habla de eliminar la información de los registros internos. Martín Mois, socio del estudio Aninat, cree que esta disposición genera fricciones jurídicas: “No considera deberes de conservación establecidos en leyes especiales. Además, colisiona con la Ley 21.680 (Redec), porque esta amplia prohibición no solo implica comunicar el dato, sino también utilizarlo, lo que inhabilita la evaluación crediticia que la propia ley autoriza expresamente”.

Crítica transversal

Las críticas para el “derecho al olvido” y la eliminación del anatocismo han estado presentes en el oficialismo y en la oposición. Más recientemente, el exjefe del equipo económico de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, dijo a Emol que el Ejecutivo “haría bien” en utilizar el veto supresivo para corregir la ley. Otros en la oposición comparten su mirada.

En el Congreso, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) dejó abierta la posibilidad: “Estas medidas pueden sonar muy bien para la opinión pública, pero como no se trabajan con la técnica correspondiente, terminamos haciendo daño (...). Esperamos que el Gobierno tome las medidas que correspondan, de acuerdo a las mismas recomendaciones de técnicos”.

En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los autores de esta normativa, replicó que “esperamos que respeten la voluntad que hoy día se ha expresado en una norma que no tiene ningún vicio de constitucionalidad”.

En el Partido Republicano se cuadraron con las críticas del Banco Central y la CMF. Pidieron al Gobierno tomar “las medidas que correspondan”.

Controvertida norma se suma a la prohibición del anatocismo:

La morosidad crece entre deudores con “historial limpio”

Aunque el “derecho al olvido” pretende beneficiar a usuarios con un historial comercial negativo, los datos más recientes muestran que aquellos que suelen pagar sus cuentas al día están bajo mayor presión. Al segundo trimestre, los datos de la plataforma de planificación financiera Destácame dan cuenta de que las personas con al menos una deuda atrasada crecieron de un 44,8% a un 53,2% del total, mientras en el segmento que cuenta con un reporte comercial positivo (sin deudas vencidas que se informen en el sistema), esto pasó de crecer desde 16% a 24,5%.

El reporte también muestra que el historial negativo es la principal barrera para acceder a productos financieros, pero Jorge Marín, country manager de la empresa, afirma que querer antecedentes no resuelve todo: “que las instituciones financieras también se ven normalmente con filtros más conservadores, mayor sobre información ingresada o estabilidad laboral, o condiciones menos favorables en general”.