Mientras la ministra vocera (s) insistió en que la Contraloría debe pronunciarse sobre composición del Comité de Ministros, expertos dicen que la subrogancia está definida.

Hoy finalizan los 15 días que dio el Primer Tribunal Ambiental:

Hoy termina el plazo otorgado por el Primer Tribunal Ambiental al Comité de Ministros para resolver nuevamente sobre el proyecto minero-portuario por US$ 2.500 millones, Dominga. Sin embargo, el Gobierno continúa atrincherado en su posición sobre la necesidad de pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República. Lo anterior, para definir una nueva conformación de la instancia, puesto que todos los ministros que conformaban el Comité debieron inhabilitarse.

La ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, reiteró el tema. “A propósito del cumplimiento del fallo, se convocó al Comité de Ministros durante esa sesión, y dado que los ministros se habían pronunciado en el fallo, todos ellos tuvieron que inhabilitarse, y la composición de ese Comité de Ministros está establecida por ley, y por lo tanto, no necesariamente opera la subrogancia de la forma habitual, porque hay una ley que establece la composición y la presidencia”, dijo ayer a CNN Radio.

A esta situación se suma que algunos subrogantes de los ministros, es decir, los subsecretarios, también podrían estar inhabilitados. Especialmente preocupante es el caso del subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien debería presidir el Comité de Ministros en reemplazo de la titular, Maisa Rojas. Proaño ha criticado el proyecto Dominga en el pasado.

“Mañana (hoy) vence el plazo, pero existiendo imposibilidad de los ministros de sesionar, porque están todos inhabilitados, es fundamental tener la respuesta de la Contraloría para poder ver cómo proceder en el fondo”, indicó Etcheverry.

Contraloría

Pese a que el 9 de diciembre se publicó el resultado del fallo favorable a Dominga del tribunal ambiental, recién la semana pasada, tras inhabilitarse los ministros el lunes 23, se envió la consulta a Contraloría. Considerando los plazos con los que opera esta instancia, es difícil que llegue una respuesta hoy. “Los plazos para la emisión de un dictamen son mucho más extensos. Podría demorar entre cuatro y cinco meses”, dice Pedro Aguerrea, socio de Momag Abogados y exsubjefe de la División Jurídica de la Contraloría. Aunque acota que “si lo pide el Gobierno y es un asunto especial, perfectamente la contralora puede ordenar darle un tratamiento prioritario”.

Por otro lado, Sebastián Herrera Larraín, socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados, cuestiona la legitimidad de la duda presentada. “El orden de subrogancia está claramente definido por cada uno de los ministerios y la presidencia del Comité de Ministros está establecida por ley. El subrogante de la ministra del Medio Ambiente será quien presida”, dice.

Aguerrea aclara que, como a la CGR le corresponde interpretar las leyes y reglamentos que rigen a la administración del Estado, “en principio está dentro de su competencia determinar qué autoridades deberían integrar el Comité”.

“El Mercurio” consultó al Ministerio del Medio Ambiente si se iba a citar al Comité. Desde dicha repartición señalaron que, “dando cumplimiento al fallo, el Comité de Ministros sesionó el 23 de diciembre”, y que “los ministros, luego de inhabilitarse, decidieron hacer una consulta a la Contraloría para ver quiénes están habilitados para resolver el fondo del tema”.

Políticos

Pero la discusión se trasladó a la arena política. Por un lado, diputados oficialistas insistieron en el pronunciamiento de la Contraloría. “Esperamos que la respuesta de la Contraloría permita dilucidar lo antes posible las inhabilidades y conformación del Comité de Ministros. Hay plazos que cumplir”, comentó Daniel Melo (PS).

En tanto, el diputado Víctor Pino (Demócratas) pidió que se desentrampe la votación. “No es posible que una decisión de esta magnitud, con impacto directo en la economía y el empleo de la Región de Coquimbo, siga atrapada en un limbo burocrático”.

Desde la oposición criticaron que existe un prejuicio contra este proyecto. “El Gobierno ya tiene tomada la decisión y todos sabemos que el proyecto Dominga se va a rechazar (…) El Presidente Boric ya ha opinado sobre lo que cree, y ningún ministro se va a atrever a llevar la contra al Presidente”, dijo el diputado Eduardo Durán (RN).

Plazo confirmado

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) insistió el viernes ante el Primer Tribunal Ambiental para que suspenda los efectos del fallo mientras se tramita el recurso de casación ante la Corte Suprema. Es decir, volvió a solicitar que se anule el plazo de 15 días.

Sin embargo, el tribunal volvió a rechazar ayer esta petición, indicando que no se proporcionaron nuevos antecedentes. Con esta resolución, se confirma que el plazo vence hoy.

15 días

dio el Primer Tribunal Ambiental al Comité de Ministros para cumplir con el fallo.

Catalina Muñoz-Kappes