Aunque los proyectos más complejos ya tienen un grado relevante de avances, el Ejecutivo espera resolverlos prontamente para materializar su implementación durante este año.

Reforma de autorizaciones sectoriales y ambientales:

Nueve meses después de que el Gobierno impulsara un “fast track” para agilizar reformas en favor del crecimiento económico, ninguno de los cinco proyectos de ley que componen la agenda del Ejecutivo para combatir la “permisología” ha finalizado su discusión en el Congreso. Este paquete de iniciativas será parte de las prioridades de la tramitación legislativa en marzo, con el fin de zanjar su discusión lo más rápido posible y trabajar en su compleja implementación durante el año.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha planteado el mes de marzo como la fecha límite para salir del Congreso con el proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales, una de las iniciativas más ambiciosas de la agenda, pero que ya cuenta con un grado importante de consenso. El proyecto, que sistematiza la revisión de los permisos no ambientales que requieren las inversiones, los categoriza y agiliza los menos riesgosos, ya cuenta con un acuerdo general de la comisión de Economía del Senado, pero con detalles por resolver. El presidente de esa instancia, Rojo Edwards, plantea por ejemplo que una de las discrepancias surgió en torno a las declaraciones juradas que se establecen para reemplazar determinados permisos de bajo impacto. “En las indicaciones que envió el Gobierno, existe una limitación por ley a incorporar nuevos permisos dentro de declaraciones juradas. Por lo tanto, se abre la posibilidad de declaraciones juradas, pero también se cierra la ley en las materias que pueden utilizarlas. A nuestro juicio, eso no tiene que limitarse por ley, sino que tienen que ir viendo los propios servicios”, detalla.

Pese a las discrepancias, la reforma que lidera la cartera de Economía ya tiene un avance sustantivo. Al término de su votación, la Cámara de Diputados debe revisar las modificaciones realizadas por el Senado en tercer trámite, y quedaría en condiciones de salir del Congreso. El senador Edwards advierte que el cambio de composición en la comisión de Economía puede retrasar el trámite, y por eso existe disposición a resolver los nudos restantes en las primeras semanas de trabajo legislativo.

Dada la complejidad de este proyecto, el Gobierno ha señalado que es relevante aprobarlo en los primeros meses del año, y así liderar en lo que resta de su administración la definición de reglamentos y normativas necesarias para su puesta en marcha. “El proceso de implementación de este tipo de leyes es muy complejo, ya que requieren de mucha energía de la administración para elaborar los reglamentos y de los privados para adaptarse a las nuevas disposiciones. A modo de ejemplo, si el proyecto de ley de permisos sectoriales se aprueba durante el 2025, la dictación de los reglamentos debiera concretarse en uno o dos años, por lo que sus efectos no se van a ver en el corto plazo”, asegura Rodrigo Ropert, senior counsel de Aninat Abogados.

Uno de los proyectos más retrasados es el que cambia la Ley de Patrimonio Cultural y modifica la estructura del Consejo de Monumentos Nacionales. Tras anunciarse en octubre, recién tuvo su primera revisión en el Senado el pasado 20 de enero.

Menos avanzada está la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que debe sortear la comisión de Hacienda del Senado antes de que la Sala de la Cámara Alta defina si aprueba el proyecto en su primer trámite. Aunque el Gobierno ha presentado indicaciones y se convocó una comisión de expertos en la materia, la reforma todavía no reúne un amplio consenso en sus disposiciones, más allá del objetivo general de aumentar la certeza en la tramitación de permisos ambientales, y reducir el componente político en la evaluación. La comisión de Medio Ambiente aprobó su avance, pero rechazó las propuestas del Gobierno en un tema central: la eliminación del Comité de Ministros y su equivalente regional, las Coeva. El Ejecutivo propuso establecer un Consejo de Reclamación elegido por Alta Dirección Pública que cumpliría esta función, pero la mayoría opositora optó por la propuesta inicial de alojar la responsabilidad en la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Con todo, la comisión de Medio Ambiente del Senado todavía debe resolver el futuro de dos proyectos vinculados a la “permisología”: el fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, y el que modifica las concesiones marítimas trasladándolas a Bienes Nacionales.

Joaquín Aguilera R.