Prohibir la IA no es la respuesta análisis desde el derecho de acceso a la justicia

El episodio ya es conocido un abogado ingresó varios miles de escritos de manera automatizada a la Oficina Judicial Virtual (OJV) en apenas un par de días, la mayoría, solicitudes de desarchivo y renuncias de patrocinio y poder, lo que llevó al Comité de Jueces Civiles de Santiago a pedir a la Corte Suprema que se prohíba el uso de inteligencia artificial (IA) para el ingreso de escritos judiciales.

La Asociación Gremial Legaltech Chile respondió con matices que conviene atender automatizar no es lo mismo que usar IA y el volumen de escritos ingresados no basta, por sí solo, para calificar una actuación como abusiva. Ambas posturas han copado la discusión pública en estos días. Falta, sin embargo, un argumento que puede ordenar el debate y que hasta ahora nadie ha puesto sobre la mesa el que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos sobre los límites al acceso a la justicia.

Conviene partir por desinflar la novedad del fenómeno. La capacidad de generar en serie escritos que siguen un formato predecible no depende de la irrupción de la IA generativa existen desde hace años sistemas de automatización documental, plantillas dinámicas y macros que permiten producir miles de presentaciones idénticas sin que medie ningún modelo de lenguaje.

Que la discusión se haya instalado ahora, bajo el rótulo de la inteligencia artificial, dice más sobre la novedad retórica del término que sobre la novedad real del problema.

Y el problema, visto de cerca, tampoco es nuevo. Las causas de cobranza no suelen ser, en su enorme mayoría, presentadas con expectativa de ser tramitadas y menos aún notificadas. Esto no es una anomalía es, hasta cierto punto, el funcionamiento habitual de buena parte de nuestra justicia civil.

Datos de ingresos civiles en Santiago muestran que más del 90% de los asuntos civiles corresponden a gestiones de cobranza, que sus principales usuarios son sociedades anónimas y grandes empresas del sector financiero actuando como jugadores frecuentes y que en los procedimientos ejecutivos y sumarios más del 85% de los demandados ni siquiera llega a ser notificado.

Buena parte de este ingreso ya era, mucho antes de que existiera la IA generativa, de tramitación masiva, muchas veces al servicio de fines que poco tienen que ver con obtener una sentencia —presión de cobro extrajudicial, declaración de deudas incobrables para efectos tributarios— y no de una congestión genuina del litigio.

El caso de los 38 mil escritos no creó ese problema estructural lo hizo visible de golpe, con un responsable identificable, lo que explica la urgencia de la reacción pero si la respuesta se agota en prohibir la IA, se estará tratando el síntoma más ruidoso mientras se deja intacta la arquitectura procesal que hace posible, e incluso rentable, este uso del sistema.

El argumento central, sin embargo, es otro y toca directamente el terreno donde se ha instalado la discusión ¿puede el Poder Judicial restringir el uso de una tecnología en nombre de la buena administración de justicia sin, con ello, vulnerar el acceso a la justicia de quienes la usan legítimamente? El derecho internacional de los derechos humanos ya construyó una respuesta a esta pregunta, aunque en un contexto distinto. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Cantos vs. Argentina, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Lawyer Partnersa.s. vs. Eslovaquia —este último notablemente parecido al caso chileno, pues se trataba de una empresa que había presentado en bloque unas 24 mil demandas electrónicas—, debieron resolver si una medida estatal que dificultaba el acceso masivo a los tribunales resultaba compatible con el derecho a la tutela judicial.

En ambos casos los tribunales internacionales terminaron condenando al Estado la medida impuesta —una tasa judicial desproporcionada, en un caso la negativa a tramitar los escritos, en el otro— no superó el test de proporcionalidad y fue considerada una obstrucción al acceso a la justicia.

Ese resultado no debe leerse como una negación de la potestad estatal de regular al contrario, ambos fallos son valiosos precisamente porque, al condenar, fijaron el estándar que toda medida restrictiva debe superar. Ese estándar —en ambos sistemas regionales— exige que la limitación persiga un fin legítimo, que sea proporcional a ese fin y que no afecte la esencia del derecho de acceso a la justicia. Y aquí está el punto que la discusión chilena todavía no hace explícito la adecuada administración de justicia —como se menciona en Cantos vs.

Argentina — es, sin duda, un fin legítimo. Un Poder Judicial que no puede procesar sus propias causas no protege a nadie. La pregunta correcta, entonces, no es si el Poder Judicial puede tomar medidas frente a este tipo de episodios —puede, y probablemente deba—, sino si la prohibición total del uso de IA para el ingreso de escritos es una medida proporcional a ese fin o si, como ocurrió en Cantos y en Lawyer Partners, se trata de una respuesta que sacrifica el acceso a la justicia de manera desproporcionada respecto del problema que busca resolver.

Aplicado el test, la prohibición total falla. Es una medida sobreinclusiva, que alcanza por igual al abogado que automatiza el ingreso de miles de escritos sin ningún propósito litigioso real y a aquel que usa herramientas de IA para redactar un escrito ordinario, sin ninguna carga desproporcionada para el sistema.

Existen alternativas menos gravosas y más ajustadas al fin perseguido límites de volumen de ingreso por canal y por unidad de tiempo, mecanismos de verificación de identidad y autorización de quien opera el agente automatizado, trazabilidad de los envíos masivos y sanciones ex post por abuso del proceso —que ya existen en nuestro ordenamiento—, en lugar de una restricción tecnológica ex ante e indiferenciada.

La discusión pública se ha planteado, hasta ahora, como una disyuntiva entre permitir la IA o prohibirla. Esa disyuntiva es falsa y el estándar de derechos humanos, que Chile ya ha incorporado a través de tratados vigentes, ofrece una vía intermedia y a la vez exigente medidas que protejan la administración de justicia sin sacrificar, más allá de lo estrictamente necesario, el acceso de quienes recurren legítimamente a los tribunales.

El desafío no es prohibir la tecnología ni cerrar los ojos frente a sus riesgos, sino diseñar, con método y no por pánico, la arquitectura procesal capaz de distinguir entre el uso legítimo y el abuso del sistema.

Prohibir es el camino fácil regular con proporcionalidad es el correcto.

Ricardo Lillo Lobos es director Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez