Chile dio un paso decisivo al exigir la gestión responsable de residuos electrónicos con la publicación del reglamento que fija las metas de recolección para pilas y aparatos. Sin embargo, el desafío recién comienza.

Colaboración y cambio cultural

A casi una década de la promulgación de la Ley 20.920 y tras la entrada en vigencia del reglamento para la gestión de residuos electrónicos, el país llegó a un punto de inflexión. “En Chile generamos cerca de 220.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al año, pero hasta ahora nuestra tasa de recolección y valorización apenas roza el 5%. El resto termina acopiado en el cajón de alguna casa, en vertederos o en circuitos informales de chatarra”, sostiene Luciano Ahumada, decano (i) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales (UDP).

Aunque las organizaciones entienden las reglas del juego, persisten algunas brechas entre normativa y realidad. “El primer nudo es la infraestructura de valorización. Hoy en día, la mayoría de las empresas autorizadas en Chile realizan un trabajo de desguace primario y separación de materiales básicos como plásticos o cobre. Sin embargo, para los componentes más complejos, como las tarjetas de circuitos impresos que contienen metales preciosos o tierras raras, dependemos de exportar a fundiciones especializadas en Europa o Asia porque no contamos con plantas de refinación avanzada”, explica Ahumada.

El segundo gran obstáculo es la “permisología” ambiental y sanitaria. “Levantar un centro de acopio o una planta de tratamiento para residuos peligrosos —que es la clasificación que reciben muchos componentes electrónicos por contener mercurio, plomo o cadmio— requiere una Resolución de Calificación Ambiental y permisos sectoriales que en Chile pueden tardar años. Existe un desfase evidente entre la celeridad con la que la Ley REP exige metas y la lentitud con la que el Estado otorga las autorizaciones industriales”, comenta el académico de la UDP.

Por último, está el desafío logístico derivado de la geografía. “Recolectar una lavadora o un televisor en Santiago es viable económicamente, pero hacerlo en Aysén, Chiloé o Putre resulta sumamente costoso. Si los sistemas de gestión no logran alianzas estratégicas con las municipalidades y el comercio minorista para crear una red capilar de puntos limpios a lo largo de todo el país, las regiones quedarán rezagadas”, argumenta Ahumada.

Cómo avanzar

Según Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), el rol del comercio organizado es clave para avanzar, porque es uno de los principales puntos de contacto con las personas y, por lo tanto, puede entregar información clara sobre cómo reutilizar, reciclar y disponer correctamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. “Sin embargo, este desafío requiere un trabajo colaborativo entre el sector público, el mundo privado, la academia y la ciudadanía para generar cambios de hábito que sean sostenibles en el tiempo”, afirma. De ahí que la CRCP impulse la Mesa Valor Compartido y Sostenibilidad para fomentar la articulación y avanzar en soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible.

En cuanto al cambio cultural, Eduardo Rodríguez, CEO PAC de DHL Global Forwarding, valora la educación ciudadana y la responsabilidad de los productores. “El productor o los importadores son los responsables de planificar, organizar y financiar la gestión de los residuos de sus productos cuando estos terminan su vida útil; y la ciudadanía, a través de la educación, transforma la práctica de reciclaje en un hábito y puede exigir a las marcas el cumplimiento de la Ley REP”, argumenta.

A juicio de Graciela Martínez, analista sénior de Sostenibilidad de BDO, el desafío mayor está en la logística: “Recuperar equipos dispersos en hogares, comercios e industria exige redes de recolección y trazabilidad que aún son incipientes para operar a la escala que exigirá la ley, lo que complica especialmente a las empresas importadoras, que deben organizar y financiar esa cadena inversa prácticamente desde cero. A eso se suma la carga de reportar la información de productos ingresados al mercado, aunque en este caso el Ministerio del Medio Ambiente dio cierto respiro: informó que el período de declaración 2026 (productos introducidos en 2025) aún no comienza y se realizará recién en el cuarto trimestre, por actualización de plataformas”, afirma.

No obstante, los especialistas concuerdan en que la norma ofrece una oportunidad estratégica: “Pasar de financiar la gestión del residuo a diseñar modelos de negocio capaces de prevenirlo, extender la vida útil de los equipos, facilitar su reparación y recuperar materiales con valor económico. La Ley REP establece el piso; el liderazgo empresarial se demuestra en la capacidad de convertirla en eficiencia, innovación y competitividad”, argumenta Daniela Corvalán, socia y gerente de Medioambiente de Proyecta Impacto.

La mayoría de las empresas autorizadas en Chile para tratar residuos electrónicos realizan un trabajo de desguace primario y separación de materiales básicos. Magnific.com

En Chile, solo el 5% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son valorizados. Magnific.com