Señor Director: En noviembre se cumplirán dos años de la Ley N° 21.633, que estableció un trato más severo para el delito de usurpación de inmuebles, con el objeto de reforzar la protección de la propiedad inmueble. Sus tres cambios principales fueron: la posibilidad de imponer penas privativas de libertad para toda usurpación, la autorización explícita para detener en flagrancia a los ocupantes y la facultad de desalojar el inmueble usurpado incluso sin formalización de la investigación. Sin embargo, el objetivo de brindar una protección efectiva al derecho de propiedad inmueble está lejos de cumplirse, si se lo limita exclusivamente al ámbito penal. Un ejemplo es la denominada megatoma de San Antonio, donde el Gobierno, a través del Minvu, buscó que los ocupantes adquirieran el terreno y negoció con los legítimos dueños, quienes llevan seis años impedidos de ejercer sus derechos. Este episodio refleja las consecuencias negativas de la inacción estatal en la tutela de la propiedad. Según Techo Chile, más de 120 mil familias habitan en 1.428 asentamientos en el país, la cifra más alta en casi tres décadas. En este contexto, resulta fundamental advertir los riesgos de que eventuales acuerdos generen incentivos para la usurpación como vía de solución política habitacional, debilitando aún más la seguridad jurídica y profundizando la desprotección de la propiedad inmueble. César Ramos Abogado