Fiscalización y equidad: el desafío de la ley de cumplimiento tributario en Chile

La Ley N° 21.713, conocida como ley de cumplimiento tributario, no introduce modificaciones sustanciales al sistema tributario, ni altera fundamentalmente las reglas del juego existentes. Se enfoca en ajustes procedimentales para fortalecer la fiscalización y administración tributaria. Uno de los aspectos destacados es la reestructuración del Servicio de Impuestos Internos (SII), que ahora contará con un Comité Ejecutivo y un Consejo Tributario. Este cambio busca promover una dirección más colegiada, donde las decisiones se tomen con la participación de una pluralidad de personas, con el fin de aumentar la transparencia y la eficiencia en la gestión.

En materia de fiscalización, la ley endurece las medidas contra la evasión y el fraude tributario. Se agiliza el proceso para levantar el secreto bancario, limitando la capacidad de oposición del contribuyente en ciertos casos. Además, se incrementan las sanciones para los delitos tributarios más graves y se incorpora la figura del denunciante anónimo, buscando incentivar la colaboración ciudadana en la detección de irregularidades. Sin embargo, algunas medidas, como la obligación de las instituciones bancarias de entregar información sobre la cantidad de abonos recibidos por un contribuyente, han generado críticas por parte de pequeños comerciantes que realizan actividades de subsistencia económica más que acciones evasivas.

Paralelamente, la ley ofrece beneficios transitorios que buscan incentivar el cumplimiento voluntario. Entre ellos, destaca la posibilidad de regularizar capitales y rentas en el exterior no declarados, mediante el pago de un impuesto único del 12%. También se contempla la prescripción de deudas tributarias existentes hasta el año 2013 y la opción de finalizar anticipadamente juicios tributarios con una condonación de los intereses y multas. Estas medidas proporcionan una oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones sin enfrentar cargas financieras excesivas.

La implementación de la ley muestra dificultades, especialmente en cuanto a los plazos de algunas normas. Por ejemplo, el breve periodo para regularizar activos en el exterior ha sido criticado por insuficiente. Ante estos problemas, el gobierno ha propuesto un proyecto de ley para extender plazos y corregir inconsistencias. Aunque no aumenta impuestos ni modifica el sistema, la ley refuerza mecanismos de control para asegurar el cumplimiento tributario, buscando mayor equidad, cambios que afectan directamente a los contribuyentes y a la sociedad en general. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación efectiva y de la capacidad del Estado para equilibrar la fiscalización con el respeto a los derechos de los contribuyentes. La historia dirá si la previsión de que en régimen, incrementará los ingresos fiscales en 1,5% del PIB, es decir, cerca de US$4.500 millones, resulta acertada.