La reforma de la Ley del Consumidor de 2018, que buscó establecer compensaciones automáticas para los consumidores afectados por la suspensión de servicios básicos, ha generado más incertidumbre que certeza. Aunque la intención era simplificar y uniformar las compensaciones, la aplicación parcial del mecanismo según el texto definitivo y la falta de una regulación transversal clara en materia de daños colectivos ha causado desigualdades y un aumento de litigios, lo que ha afectado tanto a las empresas como a los consumidores.

El sistema actual sólo aplica la compensación automática del valor promedio de 10 días de la cuenta anterior por cada día de corte a ciertos servicios, como el agua potable, pero no a otros como electricidad o telecomunicaciones, regulados sectorialmente, lo que genera disparidad entre las soluciones a los consumidores. Además, la Ley del Consumidor, al reconocer otros daños a los anteriores, incluyendo los morales y punitivos, ha propiciado una mayor litigiosidad, especialmente con los juicios colectivos, que alargan los procesos y aumentan los costos legales.

Esta falta de previsibilidad están afectando tanto a los inversionistas, que enfrentan riesgos de indemnizaciones y litigación mayores a lo anticipado, como a los consumidores, quienes podrían ver aumentos en las tarifas para cubrir los costos legales derivados de esta incertidumbre. Un fallo reciente que ordenó en primera instancia la indemnización de $50,000, sólo por concepto de daño moral, a cada uno de cerca de 200 mil consumidores afectados por un corte no programado, es un claro ejemplo de la falta de certeza del sistema actual que permite discutir —al menos— dos tipos de daños.

En el marco de la ley denominada “Sernac Te Protege” resulta urgente revisar la legislación vigente, especialmente en lo que respecta a la uniformidad de las compensaciones automáticas dispuesta por las distintas legislaciones sectoriales, la claridad en los procedimientos y la certeza en los resultados de las acciones sobre estas indemnizaciones. Si no, se corre el riesgo de generar más incertidumbre legal y mayores costos, tanto a las empresas como a los consumidores. La clave está en encontrar un balance que proteja los derechos de los consumidores y garantice certezas mínimas en los mercados más sensibles, asegurando compensaciones rápidas, uniformes y predecibles.

Lucas Del Villar Socio de Aninat Abogados y exdirector del Sernac