¿Cuál es la nueva normativa? Se trata de la Norma de Carácter General N° 461, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establece obligaciones de divulgación de información ambiental, social y de gobernanza (ASG) para las entidades supervisadas. Esta medida busca aumentar la transparencia corporativa y entregar a inversionistas, consumidores y otros grupos de interés herramientas para evaluar los riesgos y la sostenibilidad de las operaciones empresariales.

Implementación progresiva

La normativa contempla un calendario de entrada en vigencia escalonado, en función del tamaño y tipo de entidad:

• Desde el 31 de diciembre de 2022: Aplica a Sociedades Anónimas Abiertas (SAA) con activos superiores a 20 millones de UF, que deben reportar bajo la nueva normativa a partir de marzo de 2023.

• Desde el 31 de diciembre de 2023: Se extiende a SAA con activos superiores a 1 millón de UF, debiendo reportar desde marzo de 2024.

• Desde el 31 de diciembre de 2024: Incluye a sociedades anónimas especiales inscritas en el Registro de Valores, como bancos, aseguradoras, administradoras generales de fondos y otras entidades financieras, las que deberán comenzar a reportar bajo este nuevo esquema en 2025.

¿Qué exige la norma? La NCG N° 461 obliga a las empresas a reportar de manera detallada sobre: • Gobierno corporativo: Composición y diversidad de directorios, políticas de inclusión y procedimientos de elección.

• Gestión de personas: Distribución del personal por género, edad, nacionalidad, situación de discapacidad, tipos de contrato, brechas salariales, formación y condiciones laborales.

• Sostenibilidad: Indicadores específicos por industria, alineados con estándares internacionales como los del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el Sustainable Industry Classification System (SICS).

A este avance se suma la reciente publicación, en octubre de 2024, de la Norma de Carácter General N° 519, que perfecciona las instrucciones para la confección de la Memoria Anual Integrada, e incorpora los nuevos estándares del International Sustainability Standards Board (ISSB): NIIF S1 (requisitos generales de divulgación) y NIIF S2 (relacionados con el clima). Esta norma apunta a aumentar la utilidad, consistencia y comparabilidad de la información entregada por las empresas.

Avances y desafíos: la visión de los expertos

Para José Luis Tapia, CEO de BSponsor, empresa tecnológica chilena que opera en Latinoamérica y se especializa en medir el impacto y eficiencia de las inversiones sociales y ambientales, la implementación de la norma representa un avance significativo en la institucionalización de la sostenibilidad corporativa. No obstante, advierte que aún hay aspectos que deben ser fortalecidos:

“Hemos visto una muy buena disposición de las grandes empresas para implementar la normativa, pero también una gran disparidad en la profundidad de la información reportada. Algunas detallan sus planes y programas para mitigar externalidades negativas o fortalecer su capital social con las comunidades; otras se limitan a generalidades, y muy pocas entregan mediciones de impacto o eficiencia de sus iniciativas sociales o ambientales”, señala.

Tapia agrega que aún persiste una visión limitada del propósito de estas acciones:

“Las empresas no hacen filantropía. Su interés en generar impacto positivo está ligado a la sostenibilidad de sus propios modelos de negocio. Esto implica ser buenos vecinos, conectar con los valores de sus consumidores y aportar a sus grupos de interés. Por eso es clave que las acciones sociales y ambientales sean evaluadas externamente. Medir impacto y eficiencia evita caer en el ‘greenwashing’ o ‘socialwashing’ que prioriza buenas fotos por sobre resultados reales”, subraya.

El camino hacia una sostenibilidad con evidencia

Aunque actualmente la medición externa de impacto no es obligatoria bajo la normativa chilena, sí se considera una buena práctica internacional. De hecho, estándares globales como GRI, IR Framework, NIIF S2, entre otros, avanzan en esa dirección. Tapia concluye: “Sabemos que abrirse a evaluaciones externas puede ser complejo para los equipos internos, pero es imprescindible para construir marcas y empresas cuya reputación esté basada en evidencia, y no solo en narrativa. Chile tiene la oportunidad de liderar en América Latina en la construcción de un ecosistema empresarial verdaderamente sostenible, pero eso requiere ir más allá de lo mínimo exigido por la ley”.