A pesar de que originalmente el Ministerio Público calculó tres semanas para el cierre de sus argumentos, tomará ocho jornadas más terminar con aquello.

Las audiencias del proceso ya suman más de dos años y medio

Desde fines de junio, dicen los intervinientes, que el juicio del caso SQM —en que se investigó el financiamiento irregular de la política— entró en receso. Esto, luego que la jueza redactora del fallo, Claudia Santos, presentara una licencia médica. A mediados de julio, en una de las innumerables audiencias, se discutía si el proceso continuaba con dos de las magistradas o si se iba a receso nuevamente, porque Santos renovaba su reposo.

El debate se abrió debido a una problemática surgida de la extensión del proceso, que ya suma más de dos años y medio, la carga de trabajo del tribunal y situaciones fortuitas. Cuando el juicio comenzó se contaba con la participación de una jueza alterna para este tipo de eventualidades, pero el año pasado, señalan, la magistrada Carola Herrera abandonó su rol como reemplazante.

No hay jueza de reemplazo desde diciembre

“Desde el 23 de diciembre de 2024 no hay cuarta jueza”, afirma Alejandro Espinoza, defensor de Pablo Longueira. Según el acta de aquel día, la audiencia comenzó a las 9:42 horas, “en espera de los intervinientes, y atendido los antecedentes recibidos por fallecimiento del padre de la juez alterna Carola Herrera”.

Aldo Díaz, defensor de Marco Enríquez-Ominami y Cristian Warner, agrega: “Solicitamos sacar a la jueza alterna, ya que estaba con problemas personales, que estaba retrasando el juicio”. Esta decisión significó que cuando enfermó Santos, la audiencia debiera entrar en receso. Solo este lunes se retomó el juicio. No obstante, este ya presentaba demoras. “Se informó a los intervinientes de una licencia médica de una de las juezas, que se extendió durante prácticamente todo el mes de julio, retomamos el 28 de julio”, comenta Espinoza.

Por otro lado, la audiencia también ha tenido que enfrentar los retrasos propios del proceso. El pasado 2 de junio, la fiscal regional Claudia Perivancich aseguraba a la salida de la sala 201 del Tercer Tribunal Oral de Santiago que “el alegato de clausura que se inició hoy de parte del Ministerio Público podría extenderse por tres semanas”. Sin embargo, precisó que “es solo un aproximado”.

“El tribunal no hizo uso de su facultad para determinar la extensión”

Conocedores del juicio apuntan a que, hasta el lunes, el Ministerio Público llevaba 17 jornadas exponiendo su alegato de clausura, y ayer la fiscalía buscó extender por dos semanas y media más sus argumentos finales. La solicitud se encontró con la oposición de las defensas de los acusados.

Las juezas optaron por otorgarle ocho días adicionales, extendiendo la exposición a 25 jornadas. El doble de lo calculado por Perivancich inicialmente.

Al respecto, la persecutora regional de Valparaíso comentó que, “al inicio de los alegatos, el tribunal no hizo uso de su facultad para determinar la extensión de los mismos. En tanto, este lunes 28 de julio, resolvió acotar la extensión de los alegatos de la fiscalía, a ocho jornadas adicionales desde el 29 de julio (...) Nos ajustaremos a esta regla, sin afectar la entidad de lo que está siendo comunicado en esta etapa del juicio, en que se pide se dicte sentencia condenatoria por todos los hechos y respecto de todos los imputados”.

Se han perdido pruebas y fallecido testigos, dice la defensa

Para Samuel Donoso, abogado del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, “esta demora ha dañado severamente las pruebas y, por ende, se ha afectado el derecho a defensa y el derecho a un debido proceso de nuestro representado, durante el juicio vimos que la gran mayoría de los testigos no se acordaba de los hechos, además han perdido pruebas, hay 14 testigos, muy relevantes para la defensa, que fallecieron”.

Mientras que Ciro Colombara, también defensor de Enríquez-Ominami y Warner, cree que el “Ministerio Público, al igual como lo hicieron durante todo este tortuoso juicio, que ya lleva dos años y siete meses, han alargado innecesariamente sus alegatos orales de clausura (...), desconociendo que los alegatos de clausura deberían ser cortos y tratar las conclusiones del juicio. Eso motivó que el tribunal acortará sus interminables alegatos, ya que ya llevamos más de dos meses en los mismos”.

Opinión similar tiene Espinoza, quien asegura que “todo esto continúa dilatando un proceso que ha excedido todos los límites de un plazo razonable, afectando las garantías fundamentales de los imputados. Hay que tener claro que el único responsable de todas estas dilaciones es el Ministerio Público, que en 2018 agrupó las investigaciones de forma arbitraria, de manera de juntar juicios con diferentes acusaciones y pruebas. Esto ha significado que la mayor parte del juicio y la prueba rendida se refiera a hechos de los cuales nuestro cliente no está acusado ni tiene vinculación”.

Eduardo Candia de la Barra