Expertos apuntan a que la prioridad debería estar en enfrentar la sobrepoblación de empleos con contrato a plazo fijo en el sector público. También se plantea que los nuevos juzgados deberían resolver otras disputas con el fisco.

Propuesta del Gobierno para revisar reclamos por confianza legítima

En el marco de los acuerdos que logró la semana pasada el Gobierno con los gremios del sector público en la negociación por el reajuste salarial, hubo un compromiso que apunta a un cambio estructural en la forma de resolver los conflictos en la administración pública.

Se trata de la presentación de un proyecto de ley que creará tribunales especializados —o contenciosos administrativos— para revisar, entre otras materias, causas relacionadas con disputas por la aplicación del principio de confianza legítima —continuidad laboral— en los funcionarios a contrata.

Esa última figura se volvió controvertible en las últimas semanas, tras el dictamen de la nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, que resolvió abstenerse de seguir revisando estos reclamos y dejó en manos de los tribunales su resolución. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una orden de no innovar que se solicitó en un recurso de protección presentado por un grupo de funcionarios municipales, y suspendió la aplicación de los efectos del dictamen hasta que no se zanje el fondo.

Previamente, el ente de control había resuelto que la confianza legítima aplicaba a las contratas después de dos renovaciones seguidas. Sin embargo, la Corte Suprema en los dos últimos años hizo más exigente el criterio y determinó que la renovación automática de contratas solo podía regir después de cinco años.

¿En qué consiste la idea del Gobierno?

Según lo que han anticipado las autoridades del Ejecutivo, la propuesta de crear nuevos tribunales se incluirá en la reforma al empleo público, que se presentará en marzo de 2025. Aún no hay detalles sobre el diseño de la nueva judicatura, pero se enfocaría en resolver conflictos laborales en el sector fiscal. Hoy, esas disputas las revisan la Contraloría, en primera instancia, y los juzgados laborales.

Abogados expertos en derecho público administrativo y en temas laborales, si bien destacan que la idea del Gobierno recoge una vieja aspiración del mundo legal de avanzar en juzgados contenciosos administrativos —que por primera se propusieron en la Constitución de 1925—, no enfrenta el problema de fondo en el régimen del empleo público, que es la sobrepoblación en las últimas décadas de empleos con contrato a plazo fijo.

De acuerdo al último informe trimestral de recursos humanos del sector público que elabora la Dirección de Presupuestos (Dipres), a septiembre el personal a contrata representó un 57,8% del total de la fuerza laboral efectiva, mientras que los funcionarios de planta representaron una participación de 21,6%. Los honorarios son el 6,3%.

Las observaciones

Rodrigo Ugarte, socio de Aninat Abogados, cree que la prioridad debe apuntar a reformar el régimen del empleo público. “Incorporar cambios estructurales resulta un primer paso necesario para construir un servicio público profesional e imparcial en nuestro país, que sea independiente del gobierno de turno, conforme a las recomendaciones internacionales en la materia”, plantea.

Coincide con ello el profesor de Derecho Laboral de la U. de Chile, Luis Lizama. “La ley establecía que hubiera solo un 20% de funcionarios que fueran temporales, pero en la práctica se ha dado el fenómeno inverso, la mayoría son las contratas. Más que crear juzgados especializados para resolver estos conflictos, el tema de fondo tiene que ver con revisar la manera en que el Estado establece el vínculo jurídico con su personal. Ese tema creo que debiera ser abordado con más urgencia”, dice.

Lizama también ve el riesgo de que haya más judicialización: “Es probable que aumente. Hoy los funcionarios ya tienen protección en la medida en que pueden demandar ante el juez del trabajo por lesión de derechos fundamentales, como la libertad de trabajo. Hoy, ya está esa alternativa. En ese sentido, no creo que la solución sean los tribunales especializados”, explica.

William García, socio de Sarmiento Walker & García Abogados y profesor de derecho administrativo, tiene una mirada distinta sobre la creación de juzgados especializados para revisar reclamos de funcionarios públicos. “En Chile, ha sido la Contraloría la que, históricamente, se ha hecho cargo de esto, pero actualmente los tribunales ordinarios y los tribunales del trabajo también se han involucrado. Entregar el conocimiento de estos asuntos a tribunales especializados en la gestión administrativa resulta correcto”, comenta.

Por su parte, el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, plantea que los nuevos tribunales contenciosos administrativos deberían tener un rol más amplio: “(Los juzgados) deben ser generales para todos los conflictos entre particulares y el Estado, y no reducirlo solo al tema laboral de los funcionarios. Es una buena idea, pero debe ser aplicada en forma general en la administración del Estado”.

Contratas

A septiembre, el personal a contrata fue un 57,8% del total de la fuerza laboral efectiva del fisco.

J. P. Palacios