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Externalización tecnológica en la banca propuesta de la CMF y convergencia regulatoria

Texto de la nota
El pasado 7 de abril, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó en consulta hasta el próximo 19 de mayo una propuesta normativa que busca reformar el Capítulo 20-7 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos, relativo a la externalización de servicios bancarios. Lo anterior, con el fin de precisar y actualizar la regulación vigente conforme a estándares internacionales, incorporar lineamientos para una mejor gestión del riesgo de externalización y facilitar y sistematizar la fiscalización por parte de dicha comisión.

Estamos en un contexto de cambio de paradigma regulatorio y la propuesta debe leerse desde ahí. Un cambio que ha sido impulsado por la adopción creciente de herramientas tecnológicas, en línea con estándares internacionales como los del Bank for International Settlements ( BIS ) y la European Banking Authority ( EBA ).

La externalización de servicios deja de concebirse solo como la subcontratación de funciones operativas hoy se avanza hacia un modelo de gestión integral de riesgos —estratégicos, legales, de cumplimiento y de seguridad—, que involucran terceras partes.

En este contexto, la propuesta regula el ciclo de vida completo de la relación entre los bancos y sus proveedores, denominados third-party service providers (TPPS). Entre sus exigencias más relevantes la propuesta considera que se obligue al directorio de los bancos a pronunciarse sobre el apetito de riesgo en materia de externalización. Además, se eleva el estándar de debida diligencia previa a la contratación, se incorpora la etapa formal de onboarding y se exige la inclusión de cláusulas de término anticipado y de planes de salida en los contratos.

Asimismo, se introduce la figura de la “cuarta parte” —toda entidad distinta del banco y de los TPPS que participan en la prestación, soporte o continuidad del servicio—, extendiendo el foco regulador a la cadena completa de subcontratación.

Desde la perspectiva de datos personales, la propuesta considera que se obligue a contemplar en las políticas de contratación de las entidades bancarias mecanismos para cumplir con el marco legal de protección y tratamiento de datos. Esta exigencia obligaría a los bancos a articular la gestión del riesgo de terceros con la Ley N° 19.628, modificada por la Ley N° 21.719 (NLPD), cuyo cumplimiento exige celebrar contratos de encargo de tratamiento, mantener un registro de actividades de tratamiento y, cuando corresponda, realizar evaluaciones de impacto en protección de datos.

Los contratos con TPPS deberán pactar la autorización y control de subencargados —figura similar, con matices, a la “cuarta parte”— y definir la asignación de responsabilidades frente a los titulares y la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP).

A ello se suma la exigencia de que los bancos cuenten con garantías adecuadas para la transferencia internacional de datos personales, lo que está en línea con el requisito de riesgo país en grado de inversión, obligando a acreditar, de forma documentada, la base legal de la transferencia y la equivalencia de los estándares de proyección en la jurisdicción de destino.

Desde la perspectiva de ciberseguridad, la Ley N° 21.663 (LMC) califica a las instituciones que realizan actividades de banca, servicios financieros y medios de pago como prestadores de servicios esenciales. La Agencia Nacional de Ciberseguridad ya ha calificado a varias de estas instituciones como operadores de importancia vital, lo que implica su sujeción a un régimen regulatorio más intenso. Ello implica que la externalización bancaria no solo quedará sujeta a las obligaciones propias de la LMC, sino que, además, en paralelo, al régimen prudencial que la propuesta establece para las entidades antes referidas.

De materializarse esta propuesta se producirá un cambio relevante en la estrategia supervisora de la CMF, de una reactiva a una sistemática y permanente, materializado en la creación del Archivo I28, de remisión trimestral para los bancos y semestral para los demás sujetos obligados (cooperativas, emisores de tarjetas no bancarias, operadoras de tarjetas de pago y SAGs). Este archivo exigirá información detallada sobre los TPPS, subcontratistas, servicios prestados, modalidades contractuales e incidentes operacionales y de ciberseguridad, constituyendo un inventario permanente de flujos de datos, al exigir identificar la forma de despliegue y tipo de servicio en la nube (IaaS, PaaS, SaaS), la ubicación geográfica de la infraestructura y las certificaciones del proveedor.

La entrada en vigor del nuevo régimen se propone para el 1 de enero de 2027, mientras que el primer reporte del Archivo debería presentarse en julio del mismo año.

Resulta evidente que la implementación de las disposiciones contenidas en la propuesta no estará exenta de desafíos. Las nuevas exigencias de monitoreo sobre subcontratistas y cuartas partes obligarán a los bancos a revisar y renegociar contratos vigentes, incorporando obligaciones más estrictas de información, cumplimiento y responsabilidad.

Esto, a su vez, se proyectará aguas abajo, obligando a los TPPS a reevaluar sus propias cadenas de subcontratación para asegurar el cumplimiento de los estándares exigidos. Esta revisión deberá abordarse de forma integrada con la adecuación a la NLPD y a la LMC, para evitar instrumentos paralelos con cláusulas potencialmente inconsistentes en materias como auditoría, notificación de incidentes, retención y destrucción de datos.

Asimismo, la exigencia de que el contrato que las entidades bancarias celebren con sus TPPS contemple planes de salida plantea dificultades adicionales. Por ejemplo, si la TPPS cede o asigna el contrato, o cambia de control, sin autorización previa del banco, ya no se está tratando con la persona con quien negoció el plan de salida, dificultando su implementación.

Similarmente, si la TPPS vende o transfiere gran parte de sus activos o personal, incumpliendo grave y reiteradamente sus obligaciones, probablemente no tendrá los medios para llevar a cabo las gestiones propias y necesarias para un plan de salida.

Además, es necesario considerar la complejidad de diseñar planes suficientemente detallados para cubrir la diversidad de causales de término anticipado que pueden presentarse.

Por último, la propuesta genera una potencial superposición de obligaciones de reporte frente a ANCI, CMF y la futura APDP, cuya coordinación deberá resolverse para evitar duplicidades, plazos inconsistentes y criterios divergentes, por ejemplo, sobre qué constituye un incidente reportable.

Es razonable anticipar que el mercado de servicios externalizados por la banca experimentará una transformación significativa. La ventana de comentarios abierta es la oportunidad para planear las distintas complejidades que podrían presentarse para una implementación efectiva, articulando coherentemente la regulación prudencial, la realidad contractual, la protección de datos y la ciberseguridad.

Roberto Carrillo y Bernarda Muñoz son directores de Ferrada Nehme
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