Señor Director: La columna de ayer del presidente de la Sonami sobre el apuro del Ministerio de Medio Ambiente para dictar los reglamentos de la Ley de Biodiversidad pone de relieve un problema grave: Entre hoy y el próximo martes 21 se cierran las consultas públicas de los decretos que proponen declarar cerca de cuatro millones de hectáreas (5% del territorio) como sitios prioritarios. Muchas de esas áreas son privadas. Cuando la función social de la propiedad entra en tensión con el derecho de dominio, no basta la mera facultad legal, sino que la regulación y la jurisprudencia reiterada de los tribunales ambientales exigen motivación suficiente, proporcionalidad, razonabilidad y transparencia. A horas del cierre, nada de eso se ha acreditado, existiendo un riesgo evidente: apresuradas decisiones pueden traducirse en severas restricciones. Mirando solo uno de los 99 sitios prioritarios en consulta, la declaratoria puede producir la prohibición absoluta de extracción de agua de los lagos Riñihue, Neltume, Pirihueico y parte del Panguipulli. Las buenas intenciones y la comprensible prisa de un gobierno que concluye no deben deslegitimar las oportunidades que abre la Ley de Biodiversidad. Sebastián Herrera Larraín Profesor Derecho Ambiental Universidad Finis Terrae