Sus aranceles son fijos, pero en la práctica llegan a cobrar varias veces más de lo establecido.

Son los encargados de notificar demandas, por ejemplo:

Pese a que existe un decreto que fija los aranceles que pueden cobrar los receptores judiciales —auxiliares de la administración de la justicia que cumplen funciones como notificar las demandas—, en la práctica sucede que el valor pagado puede ser muchas veces mayor a lo establecido, afectando el acceso a la justicia.

“Es indiscutible que antes de ponerse en contacto con un receptor ya se tiene conocimiento de que el valor de la gestión encomendada será, como mínimo, un 30% superior al establecido en el decreto que fija el arancel de los receptores judiciales”, dice Francisco Cárcamo, socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados. La crítica se repite entre los estudios de abogados consultados por “El Mercurio”.

La disputa

La problemática surgió debido a que entre 1998 y 2024 los aranceles que podían cobrar los receptores se mantuvieron sin cambios, derivando en cobros excesivos. El año pasado, el Ministerio de Justicia publicó un nuevo decreto para actualizar estos precios, en donde estableció tarifas como porcentajes de la Unidad Tributaria Mensual (UTM), que se reajusta en base a la inflación.

Así, en junio, una notificación personal en el domicilio del demandado tendría un valor de $51.588. El decreto de 1998 fijaba como cobro tope $18.000. Es decir, representa un alza de 183%.

La disputa no terminó ahí, ya que la Asociación Nacional de Receptores Judiciales demandó al Ministerio de Justicia. El gremio afirmó en su demanda ante el 28° Juzgado Civil de Santiago que el alza debía ser de al menos 246%. Por ejemplo, para una notificación personal proponen una tarifa $62.298. Además, acusan que el Ministerio no tenía las atribuciones para introducir en el decreto de 2024 cambios como el establecimiento de nuevos cargos. La demanda de la asociación de receptores contra el ministerio escaló hasta la Corte de Apelaciones.

Los altos cobros

Pero la realidad es que hoy los receptores cobran mucho más que cualquiera de esos valores, afirman abogados. “En la práctica no es inusual que algunos receptores cobren $90.000 o más por una notificación personal en el domicilio del demandado, sin ningún respaldo legal que justifique tal sobrecargo”, indica Franco Ortega Creixell, socio de GDO Abogados.

Los altos cobros impactan el acceso a la justicia, dicen los abogados. “Estas prácticas afectan directamente el acceso a la justicia, especialmente de las personas de menores posibilidades económicas. Si un receptor cobra más de lo legalmente permitido o se niega a ejecutar una diligencia, el proceso judicial puede verse estancado o resultar inaccesible económicamente”, señala Luis Alberto Aninat, socio de Aninat Abogados. “Esto genera una justicia desigual, donde el avance de una causa depende más de las posibilidades del litigante que de su derecho. Se rompe así el principio de igualdad ante la ley y se consolida una justicia elitista, fragmentada y poco confiable”, agrega.

Incluso aunque el demandante gane el juicio, el dinero pagado a los receptores judiciales no se recupera. “Lo relevante de esta anomalía se ve al finalizar un juicio, cuando el juez debe regular las costas procesales, y para estos casos la ley obliga a ceñirse estrictamente a los aranceles oficiales. Esto impide que la parte vencedora recupere lo que fue obligada a pagar durante la tramitación del juicio, generando una sensación de impunidad y debilitando la confianza en la justicia”, afirma Ortega.

Trámites “rentables”

Más aún, los abogados dan cuenta de que algunos receptores se niegan a realizar trámites que sean menos lucrativos. “Muchos receptores se limitan a efectuar notificaciones y no están disponibles para tomar audiencias testimoniales ni para efectuar retiro de bienes embargados o lanzamientos. Para el caso de las audiencias, la respuesta que usualmente entregan es que no les resulta rentable, puesto que en las tres o cuatro horas que dura una audiencia pueden efectuar varias notificaciones, las que les reportan un honorario mayor que el tomar una sola audiencia testimonial o confesional”, asevera Fernando Urrutia, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos.

“Existen numerosos casos en que los receptores se niegan a realizar diligencias que consideran poco rentables, complejas o que implican desplazamientos mayores. Esta negativa no se basa en una imposibilidad legal o material, sino en la conveniencia económica del receptor”, asegura Aninat.

“El Mercurio” intentó contactar a la Asociación Nacional de Receptores Judiciales, pero no estuvieron disponibles.

$90.000

es un valor común para la notificación de una demanda. El arancel fijado en 2024 es de $51.588.

Catalina Muñoz-Kappes