Alejandra Vargas Rodríguez Ingeniero agrónomo Nicolás Balmaceda Jimeno Abogado El déficit y la desigualdad en el acceso a áreas verdes urbanas es un gran desafío para las urbes modernas y Chile no escapa de esa realidad. Aunque en las últimas décadas se han construido nuevos parques en el país, la cobertura sigue siendo insuficiente y, sobre todo, inequitativa: comunas de altos ingresos disfrutan de hasta 18 m² de áreas verdes por habitante, mientras que en sectores vulnerables la cifra apenas supera los 2 m². Esta brecha no solo afecta la calidad de vida, sino que también profundiza desigualdades sociales y ambientales. A este escenario se suma la dificultad de mantener y gestionar adecuadamente los parques existentes. Los municipios, responsables legales de estas áreas, muchas veces carecen de recursos y capacidades técnicas, lo que deriva en espacios deteriorados y mal mantenidos. Los programas estatales han intentado paliar el problema, pero la falta de financiamiento, el desconocimiento técnico y la fragmentación institucional han limitado su impacto. Además, la burocracia y la inefable “permisología” ralentizan la ejecución de nuevos proyectos, con demoras que pueden superar los diez años. Frente a este panorama, el modelo de concesión público-privada surge como una alternativa viable y como una gran oportunidad. Inspirado en la exitosa experiencia chilena en infraestructura vial, de más de tres décadas, este sistema permitiría que empresas privadas financien, construyan y gestionen parques urbanos bajo supervisión estatal, asegurando estándares de calidad, acceso público y liberando recursos fiscales para atender otras urgencias. La propiedad de los parques seguiría siendo estatal, pero la operación y el mantenimiento se delegaría en privados, quienes pueden financiar la obra accediendo al mercado bancario o de capitales y recuperar su inversión por distintas vías, tales como subsidios estatales, ingresos por servicios complementarios (estacionamientos, restaurantes, placa comercial) y mecanismos innovadores como bonos de carbono, compensaciones ambientales y aportes privados (crowdfunding). Con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, hicimos un análisis de experiencias internacionales, como Central Park en Nueva York y The Royal Parks en Londres. Estos casos demuestran que la colaboración público-privada puede transformar espacios degradados en parques de alta calidad, sostenibles y accesibles. En Chile, aunque todavía no existen parques urbanos concesionados, casos como el Estadio Techado Parque O'Higgins, la Plaza de la Ciudadanía y Centro Cívico de Las Condes muestran que el modelo es adaptable y puede generar beneficios sociales y ambientales significativos, tanto por vía de concesiones del Ministerio de Obras Públicas como municipales. La propuesta concreta es implementar un programa de concesiones de parques urbanos, priorizando sectores con baja cobertura verde y promoviendo la participación de la comunidad en el diseño y gestión de estos espacios. Para ello, es fundamental establecer criterios claros de sostenibilidad, equidad y participación ciudadana, así como sistemas de fiscalización efectivos para garantizar que los beneficios lleguen a toda la población. Avanzar hacia la concesión de parques urbanos representa una oportunidad para reducir brechas y entregar servicios ecosistémicos, mejorando la calidad de vida de las personas al construir ciudades más verdes y equitativas, validando de paso el sistema concesional frente a grupos que históricamente no han participado mayormente de sus beneficios. El desafío es diseñar un modelo que combine eficiencia financiera con acceso universal y sostenibilidad ambiental, asegurando que los parques sean verdaderos espacios de encuentro, salud y bienestar para todos.