Andes Iron, firma dueña de la iniciativa, u organizaciones podrían pedir el cumplimiento forzado de la sentencia al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, mediante el establecimiento de multas.

Comité de Ministros no se reunió ayer a votar la iniciativa, cuando vencía el plazo judicial

Hasta ayer había dado plazo el Primer Tribunal Ambiental al Comité de Ministros para resolver nuevamente sobre el proyecto Dominga. Sin embargo, debido a que todos los ministros se inhabilitaron, la posibilidad que hayan subsecretarios en la misma situación y la interpretación del Gobierno de que no necesariamente opera la subrogancia de forma habitual para reemplazar a los secretarios de Estado, finalmente no hubo pronunciamiento antes de fin de año.

Sin embargo, el Gobierno afirmó ayer que sí ha cumplido con la sentencia. “Como Ministerio del Medio Ambiente, estamos cumpliendo con lo planteado por el tribunal”, indicó ayer el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

“Recordemos que el Comité de Ministros ya sesionó en audiencia extraordinaria el lunes 23 de diciembre, donde se dio cuenta de la sentencia dictada por el tribunal y el nuevo estándar establecido sobre potenciales inhabilidades. Ante eso, por una parte, los ministros se inhabilitaron a efectos de dar garantías de imparcialidad, dado que ya se había pronunciado en ocasiones anteriores y se acordó realizar una consulta contra la Orilla General de la República para determinar de mejor manera la composición y presidencia del Comité, consulta que se ingresó el 23 de diciembre (a la Contraloría)”, dijo Proaño, en una declaración enviada a medios de comunicación.

Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la consulta se ingresó el jueves 26 de diciembre.

Las opciones

El SEA, en representación del Comité de Ministros, ingresó ayer un “téngase presente” al Primer Tribunal Ambiental. El documento fue acompañado de la consulta realizada a Contraloría —que se ingresó y cargó a la ventanilla única el jueves 26 de diciembre a las 16:24 horas—. En específico, el SEA preguntó si en ausencia del Ministerio del Medio Ambiente (que preside el Comité) “corresponde aplicar un orden de prelación entre los ministros integrantes del Comité para determinar quién debe asumir la presidencia conforme al orden de mención de los ministros en el artículo 20 de la Ley N.º 19.300 o en base a otros criterios legales o administrativos”.

Son varias las opciones que se analizaron en la sesión del Comité de Ministros del lunes 23 de diciembre. El acta de la reunión, a la que tuvo acceso “El Mercurio”, da cuenta que según la aplicación del DFL 7912, el reemplazante de la ministra del Medio Ambiente debiese ser la ministra de Culturas, a falta del subsecretario. Otra opción que se estudió es que, dado el orden que establece la Ley 19.300, el reemplazante de la presidencia debiese ser el siguiente ministerio que está mencionado en la composición, es decir, la cartera de Salud.

Además, se dejo constancia de que cada ministro debe consultar a los subsecretarios, “hacer la verificación de que no se encuentran afectos a alguna circunstancia que les reste imparcialidad para conocer de los recursos de reclamación presentados en contra del Proyecto Dominga”, de acuerdo con la ley y con el fallo del tribunal ambiental.

Las consecuencias

Esta última arista es una más en una historia de judializaciones que ya suma más de once años. Y tras el vencimiento del plazo, las acciones ante tribunales podrían continuar.

Según Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medioambiente de HD Group, al no haber resuelto el Comité de Ministros dentro del plazo, “Dominga podría recurrir al Tribunal Ambiental para pedir el cumplimiento forzado de la obligación, pudiendo el tribunal establecer sanciones y la aplicación de multas. Incluso, de perseverar en el incumplimiento, podríamos estar hablando del delito de desacato”.

Sebastián Herrera Larraín, socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados aclara que “para que exista desacato no basta con incumplir el plazo, sino que debe haber dolo. Si se demuestra que hubo mala fe en la solicitud a Contraloría, el riesgo para el Gobierno de que se pueda demostrar el delito es altísimo”. Sin embargo, dice que “lo más probable es que los pescadores artesanales o el titular del proyecto soliciten el cumplimiento forzado”.

Iván Poklepovic, director del área Ambiental y de Recursos Naturales de Aninat Abogados, aclara que en el caso hipotético de que se configure el desacato (algo que ve muy improbable en la práctica), “podrían ser responsables del delito los ministros titulares que componen el Comité de Ministros”.

Desacato

Eventualmente se podría llegar a configurar el delito de desacato contra los ministros titulares del Comité de Ministros.

Catalina Muñoz-Kappes