Lo que nos deja el Rule of Law Index 2026 para la justicia civil chilena

Recientemente, el World Justice Project publicó la edición 2026 de su Rule of Law Index, donde se evalúa el nivel de cumplimiento con diversos estándares asociados al concepto del Estado de Derecho, respecto de 143 países. Chile obtiene 0,66 puntos (en una escala de 0 a 1) y se ubica en el lugar 34. Es un resultado razonable en la región, donde estamos cuartos de 32 países. Fuera de la ubicación en el ranking, en esta columna quiero enfocarme en uno de los factores que lo componen y que debería preocuparnos especialmente la justicia civil.

En ese factor, Chile obtiene 0,60 y ocupa el lugar 44 en el mundo y 8 en América Latina. Este dato, observado en tendencia con los indicadores de los últimos años, da cuenta de un sostenido deterioro. En 2016 alcanzamos 0,648, y desde entonces el puntaje ha caído casi todos los años.

En 2015 éramos el país 31 de 102 evaluados en 2025, el 49 de 143. Aun cuando este año se observa una leve mejora en el ranking, ella no se debe a un mejor desempeño propio nuestro puntaje se mantuvo y otros países bajaron.

El detalle es más elocuente. Seis de los siete subfactores que componen el factor de justicia civil de este indicador retroceden respecto de 2015, y el relativo al cumplimiento efectivo de las sentencias marca su peor valor de toda la serie (0,52).

En el subfactor relativo a la duración del proceso civil obtenemos 0,38, por debajo del promedio mundial es el único en que estamos bajo la media del planeta. Finalmente, la percepción de ausencia de corrupción en la justicia civil cae año a año desde 2021 y hoy llega a 0,59.

Ante estos resultados, resulta clave preguntarnos qué nos diferencia de los países que ocupan los primeros lugares del ranking en justicia civil Noruega, Dinamarca, Países Bajos o Alemania, que obtienen en promedio 0,81. La brecha de estos con Chile se concentra sobre todo en tres subfactores ausencia de corrupción, demora y ejecución efectiva de lo resuelto, en los cuales las diferencias rondan los 0,33 puntos.

En el subfactor relativo a acceso y asequibilidad de los tribunales, en cambio, Chile obtiene 0,65, apenas 0,09 bajo el promedio de los líderes, y la referencia más exigente no está en Europa sino en la región. Uruguay, que en justicia civil obtiene 0,72 y es el primero de América Latina, ocupa el primer lugar del mundo en acceso y asequibilidad (0,80), por sobre Noruega. La distancia de Chile con Uruguay en este ámbito se amplía año a año si en 2015 era de 0,11 puntos, hoy es de 0,15. ¿Qué explica el puntaje de Uruguay? Si bien el reporte del World Justice Project no lo indica, son bien conocidas algunas de sus políticas en la materia defensa pública con cobertura en materias civiles y de familia, y puntos de entrada cercanos para resolver conflictos de manera temprana, como la conciliación ante la Justicia de Paz y los centros de mediación en barrios.

Conviene detenerse algo más en lo que mide este subfactor. ¿Significa la distancia moderada con los líderes del ranking que el acceso a la justicia civil está razonablemente resuelto en Chile? No. Este subfactor del Rule of Law Index mide, sobre todo, la percepción de expertos sobre el acceso a los tribunales costos, necesidad de abogado, barreras de ingreso. En el caso de nuestro país, en este ámbito probablemente destacan la tramitación electrónica y la ausencia de tasas judiciales.

Lo que este indicador no mide, en cambio, es la prevalencia de conflictos y problemas justiciables para los cuales la justicia formal no es hoy una alternativa viable.

Eso lo muestra la evidencia nacional. Un estudio de necesidades jurídicas, encargado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2020), encontró que el 76,6% de los adultos enfrentó un problema justiciable en dos años. En casi la mitad de los casos (44,9%) las personas no hicieron nada al respecto.

Y de los problemas que terminaron, solo el 0,9% se resolvió en un tribunal. El índice del World Justice Project, así, evalúa la puerta de entrada a una vía por la que casi nadie resuelve sus problemas.

¿Qué podemos aprender de la experiencia comparada en justicia civil? Primero, y sobre todo en un contexto de restricciones presupuestarias, que la respuesta no es financiar abogados para todos, sino priorizar y escalonar la ayuda. En Países Bajos (4 lugar), las oficinas públicas de orientación resolvieron con información el 87% de sus atenciones en 2022 y derivaron a abogado solo el 7%. Segundo, que muchos conflictos civiles simples pueden resolverse sin abogado, con apoyo del propio tribunal, como ocurre en los juzgados locales alemanes (5 lugar) o, más cerca de nosotros, en los juzgados especiales civiles de Brasil (25 lugar en el subfactor de acceso y asequibilidad).

Tercero, que la justicia puede acercarse a los barrios, como ocurre con los forliksråd (consejos de conciliación) de Noruega (1 lugar). Cuarto, que la tecnología puede ponerse al servicio de las personas, como muestra el Civil Resolution Tribunal de Columbia Británica, en Canadá (25 lugar), un referente en el uso de la tecnología para resolver conflictos de baja complejidad.

Chile tiene hoy dos oportunidades que no debería desperdiciar. La primera es la reactivación de la reforma procesal civil, impulsada desde el Ministerio de Justicia y consolidada mediante la convocatoria de una comisión asesora y un comité consultivo. En ese trabajo conviene tener presente que un nuevo código procesal no lo es todo un procedimiento basado en la oralidad no es, por sí solo, garantía de mayor celeridad.

Costa Rica, por ejemplo, aprobó un código oral que rige desde 2018 y sigue entre los peores del mundo en demoras. La oralidad puede ser una condición para un proceso más rápido, pero sin gestión de tribunales, recursos adecuados y un sistema de ejecución que funcione, no basta.

Y el índice indica que nuestras mayores brechas están precisamente en la demora y en la ejecución de las sentencias. La reforma debe incluir un nuevo modelo de ejecución, gestión activa de causas, procedimientos simples para asuntos de menor complejidad pero de alta prevalencia entre la población, y la posibilidad de resolver en línea esos conflictos.

Todo ello, acompañado de un uso intensivo de la tecnología con foco en facilitar la experiencia de los justiciables, las personas comunes y corrientes. Algo de esto ya se avanzó con las indicaciones sustitutivas de 2021, y conviene no perderlo de vista.

La segunda oportunidad es la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, creado por la Ley 21.780 para suceder a las corporaciones de asistencia judicial. La ley establece entre sus funciones la orientación legal para todas las personas, la representación judicial (por profesionales o por postulantes) como excepción, y una subdirección de mecanismos colaborativos.

Que el servicio esté efectivamente centrado en las personas dependerá de su diseño puertas de entrada cercanas, triage de las consultas para que el abogado intervenga cuando sea necesario, mediación en los asuntos que lo ameriten según su naturaleza y no solo como requisito de procedibilidad, y metas que midan de manera longitudinal los problemas resueltos y no únicamente las atenciones realizadas.

Nada de esto funcionará sin datos. La última medición nacional de necesidades jurídicas tiene seis años y se levantó en plena pandemia, en un contexto social muy distinto al actual. Contar con datos actualizados es fundamental si queremos que la próxima edición del índice muestre otra historia.

No basta con implementar estas políticas públicas, necesitamos hacerlo de manera que podamos medir en forma continua su impacto en aquello que el índice hoy no alcanza a ver respecto de Chile cuántos problemas de las personas se resuelven efectivamente, por qué vía y en cuánto tiempo.

Ricardo Lillo Lobos es profesor de la Facultad de Derecho y director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la Universidad Adolfo Ibáñez