Durante tres días, entre el 25 y 27 de junio, se desarrollarán las elecciones del Colegio de Abogados en medio de crecientes desafíos profesionales y éticos. Con tres listas en carrera, los afiliados deberán elegir la ruta que desean para el gremio, pero también los que hoy no son parte -o quieren serlo a futuro- observan con ojo crítico y vigilante lo que viene.

Para la socia del Estudio Bofill Escobar Silva Abogados, Loreto Silva, quien estuvo en el gremio pero reconoce que volverá a colegiarse, asegura que este debe estar presente en la discusión de políticas públicas e iniciativas legales que vayan en línea con la defensa del Estado de Derecho y asegurar la certeza jurídica. “El Colegio debiera ser una fuente técnica y un actor relevante en la discusión de políticas públicas vinculadas a tales principios”, recalca.

Silva destaca que “el Colegio debe proyectarse como un actor que defiende principios fundamentales, pero también como una institución cercana a toda la comunidad jurídica. Ese vínculo, hoy, necesita fortalecerse”.

Rebeca Zamora, socia de HD y head de Compliance, recoge otro tema clave. Asegura que el gremio está llamado a fortalecer los estándares éticos de la profesión, pero “especialmente a denunciar y visibilizar casos de corrupción que afectan a organismos públicos o poderes del Estado con los que interactuamos”. “No podemos avalar ni justificar ninguna conducta que no solo sea delito, sino que falte a nuestra ética profesional. Dados los nuevos desafíos, por ejemplo, en relación al uso de la IA, creo que será importante actualizar nuestro código”, advierte. En esa línea, entre los temas más relevantes a abordar, apunta a la corrupción, “dado que somos terceros que gestionamos asuntos para clientes o entidades y podemos generarles responsabilidad penal corporativa, conforme a la Ley 20.393”.

También hay quienes esperan que el Colegio vuelva a ser un actor relevante en los temas que hoy marcan el desarrollo del país. Así lo plantea Consuelo Mengual, directora legal del Coordinador Eléctrico Nacional, quien dice que “no basta con seguir entendiendo el ejercicio del Derecho desde una lógica tradicional. El Colegio debe involucrarse en discusiones como la permisología, la modernización del Estado, la mejora regulatoria o la certeza jurídica, que son clave para destrabar proyectos y reactivar la inversión”.

También cree necesario que “reconozca formas de ejercicio profesional que han estado al margen del debate gremial, como el trabajo que realizamos los abogados in-house”. Y añade que el gran desafío pendiente es cómo abordar la diversidad de género en la profesión en general.

En esa línea, Macarena Montt, asociada senior en Guerrero Olivos, espera que el Colegio “recupere un rol más activo en la discusión pública, y en la modernización de nuestra profesión”.

Ante la diversidad de miradas, Silva y Montt se inclinan por la lista A. Zamora cree que la representa mejor la lista de Libertades Públicas. Pero Mengual no se siente representada por ninguna alternativa en particular. Si bien dice que está colegiada, cuenta que dejó de participar hace más de 15 años, cuando se fue a estudiar fuera de Chile.

Juan Ignacio Correa, socio-líder de Correa Squella y escritor de novelas, renunció el 2021 al Colegio. Frente a los graves casos que han afectado la credibilidad de los abogados, señala que ha visto al Colegio “muy cauto, incluso pusilánime”. “Habría esperado que hubiera adoptado decisiones muy claras y ejemplarizadoras hacía el futuro”, dice, aludiendo al ámbito puramente corporativo. Desde un punto de vista más público, añade, “me gustaría que el Colegio volviera a ser un actor de la vida ciudadana. Hace mucho tiempo que dejó de serlo”.

En esa línea, sostiene que “el Colegio ha sido inoculado con el mismo germen que el país: no hay propuestas más audaces en ninguna de las listas. Sin impacto en la conciencia corporativa y nacional”.

POR KAREN PEÑA